miércoles, abril 14, 2010

Convenios urbanísticos, sostenibilidad y política

El uso del término sostenible se viene empleando en cualquier expresión relativa a cuestiones políticas. Es, desde luego, un término políticamente correcto. Sin embargo, es empleado con retórica partidista por personas de todo nivel que lo utilizan de acuerdo con sus intereses políticos. La sostenibilidad es un concepto que requiere no sólo análisis sino respeto a todo lo que encierra. Los valores de sostenibilidad no tienen por qué ir en contra de los desarrollos económicos sino, más bien al contrario, deben acompañarlos. La cohesión social bien entendida pasa por establecer relaciones estables y comprometidas entre las tres cuestiones básicas que argumentan el significado verdadero de la sostenibilidad. Tales son, la prosperidad económica, la equidad social y la protección ambiental.

Dentro de los distintos sectores económicos, los territorios con su especificidad y sus potencialidades, pueden darse distintos tipos de desarrollos. En la región de Murcia, la agricultura fue motor de la economía hasta el momento en que el crecimiento del sector industrial encabezó el progreso regional. Dada la situación geográfica, cuyo clima resulta un buen reclamo para el asentamiento de personas, el sector construcción, y más concretamente el de la vivienda, tiene un campo importante para que los inversores estén interesados en él. Los algo más de 170 km de litoral suponen un atractivo importante para la construcción de complejos urbanísticos, sobre todo de segunda residencia, cuyos pobladores provienen de distintas regiones de Europa, huyendo de condiciones climáticas poco apetecibles. Es así que el proceso urbanístico de la región, estúpidamente llamado "el ladrillo", viene siendo, por desgracia, un banco de pruebas para observar cómo el enfrentamiento entre las distintas opciones políticas aprovechan para efectuar sus críticas, en muchos casos a despecho de la racionalidad de los intereses ciudadanos. En el caso particular de esta región, junto a la problemática global que la escasez de agua provoca, se da la circunstancia de que ha sido injustamente determinada como el paradigma del ladrillo. De tal forma, que ha podido leerse en más de una ocasión, y en periódicos aragoneses, que el objetivo de Aragón es, desde luego, no "levantinizarse". Así que la cuestión es verdaderamente importante, porque por un lado se trata de desarrollar las potencialidades económicas propias de la región, y de otro, precisar de los poderes políticos las ayudas necesarias para evitar alusiones a falsos lugares comunes.

En todo caso, lo que sí parece evidente es que, pese a los esfuerzos legislativos, tanto de la ley del Suelo estatal como la regional, el acceso a la vivienda (tan numerosa en número) resulta muy difícil, sobre todo para los jóvenes, debido al precio ofertado por los promotores. Se ha podido comprobar que las medidas tendentes a aumentar la oferta del suelo al objeto de propiciar, según las leyes del libre mercado, un descenso en el precio, han sido fallidas. Probablemente porque el urbanismo entiende perfectamente la distribución de la población en función de sus recursos económicos, y por consiguiente un suelo calificado para el tramo alto de la población siempre será más caro que aquél cuyo destino es ubicar viviendas para otros cuyo nivel económico es menor. Por otro lado, la ejecución de un urbanismo basado exclusivamente en la iniciativa privada no responderá nunca a los criterios sociales por los que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Es necesario que los ayuntamientos participen en el proceso urbanístico de una manera más eficaz. No exactamente interviniendo y sí procurando establecer las correcciones precisas para una mejora global de las condiciones sociales. Así, el sistema establecido por la ley estatal del Suelo y, en particular, en la ley regional, tiene su base fundamental para desarrollar los Planes Generales en la figura, bien reconocida, del Convenio Urbanístico. No está claro si, en efecto, el Convenio, es la base del desarrollo urbano, pero, siendo esta figura de todo punto interesante, sorprende que se haya convertido en el elemento más utilizado por todos, o casi todos, los ayuntamientos españoles. Echar un vistazo en el buscador Google produce una sorpresa mayúscula cuando se observa las miles y miles de referencias que acuden a nuestro ordenador bajo la llamada "convenio urbanístico". Lo que, sin duda, debió ser un instrumento accesorio en la acción urbanizadora de los ayuntamientos, se ha convertido en una práctica habitual.

Pero lo verdaderamente pernicioso de estos convenios es que se han convertido en una fuente -muy cómoda- de financiación de los ayuntamientos. A tal efecto se describe el siguiente párrafo que figura como estipulando en uno de los convenios suscritos por determinado ayuntamiento: "... los fondos abonados por las mercantiles X e Y, podrán ser destinados a financiar gastos culturales, educativos, sociales y demás, de interés general, tanto de carácter corriente como de inversión". He aquí un caso paradigmático de cómo a través del urbanismo un ayuntamiento se busca la vida. Mejor sería, y el legislador debió pensar en ello, que el producto obtenido por la firma de un convenio urbanístico tuviera un destino diferente: la promoción de viviendas sociales. La financiación municipal, ya sea con cargo al capítulo II o VI, ha de venir a través del cobro de impuestos propios y de la participación de los del Estado. Ello, junto a la cesión obligatoria por parte de los promotores del 10% del aprovechamiento del sector, contribuiría a la formación -¡de una vez por todas!- de un Patrimonio Municipal de Suelo como Dios manda. Además, si los poderes municipales fueran capaces de gravar en cualquier medida las plusvalías generadas en la transmisión de terrenos como consecuencia de su clasificación, seguro que los fondos municipales aumentarían.

En cuanto a la sostenibilidad como medida de respeto hacia la cohesión social necesaria, cabría estimar como muy interesante la No participación activa de los políticos en materia puramente científica. Esta labor corresponde al mundo de la ciencia, y todos los científicos deberán establecer los puntos comunes a los que deberían ajustarse las decisiones políticas posteriores. Medioambientalistas y desarrollistas tienen la ocasión de recurrir a la ciencia para que ésta nos diga cuáles son las condiciones de contorno bajo las cuáles buscar el desarrollo. Mucho respeto al Medio Ambiente y poco a aquéllos que utilizan a éste como arma arrojadiza contra quien desea avanzar razonablemente. A continuación, copio textualmente la frase que pronuncia un político de la oposición de un determinado partido en relación con una denuncia formulada por mercantiles que se han visto perjudicadas por las acusaciones de aquél con motivo de la celebración de un convenio urbanístico en el ayuntamiento correspondiente: "porque no cabe en cabeza sensata que calificar un convenio urbanístico de operación especulativa, de pelotazo, y de ilegal, pueda ser considerado por alguien punible penalmente. Estas calificaciones se inscriben en una opinión fundamentada políticamente y expresada en términos críticos, como casi a diario se está haciendo en prácticamente todos los rincones de la geografía española cuando de valorar convenios urbanísticos se trata". Es tremendo que reconocer esto de una manera tan simple pueda, a la larga, provocar situaciones de inseguridad cuando se trate de firmar un convenio urbanístico absolutamente respetuoso con las normas legislativas. No resulta difícil entender que la intrusión política es escandalosa por cuanto no se reparan en medios para denostar al rival.

Por último, y pese a que siempre nos pareció positivo desplazar las competencias hacia los ayuntamientos, puede reconocerse un cierto peligro en la tramitación urbanística de proyectos buenos y sostenibles para la comunidad. En efecto, el ardor político entre gobierno y oposición carece de ponderación suficiente a nivel municipal, y por ello hacer depender la tramitación urbanística, la aprobación de cualquier tipo de plan o proyecto de urbanización, de las disputas locales de unos y otros políticos, puede llegar a dar al traste con actuaciones interesantes. Quizá, llegado el caso, la intervención, no ya tutelar, de la administración regional resulte necesaria para hacer ver que las voces son algo distintas de los ecos y por consiguiente que con las cosas importantes no se puede jugar (un tránsfuga en un ayuntamiento es muy, muy peligroso). Pero pese a ello los ayuntamientos son los entes más apropiados para disminuir el precio del m² construido, y no sólo eso sino que también para dar validez jurídica y económica a los procesos que continuación se suceden. Además, los ayuntamientos deben aprender a gravar el negocio de la compra venta de terrenos, ayer rústicos y hoy sectorizados. Les trae cuenta.


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