viernes, marzo 28, 2008

LA FUGA DEL AGUA


(Cualquier intento, aunque sólo sea intelectual, de los ribereños
por apropiarse del agua que pasa por su río carece de
fundamento moral o legal.
César Cimadevilla.
Ingeniero de caminos)


Los criterios en los que se funda la actual política del Agua, ciertamente, si bien difusos, ya han estado presentes tanto a nivel teórico como práctico durante el último cuarto de siglo. En efecto, los distintos manifiestos realizados por profesionales con competencias hidrológicas y las autoridades políticas con responsabilidades en esta disciplina, han sostenido que el Agua, siendo un input en los procesos económicos, debe ser considerada como un recurso escaso y por consiguiente estimar su uso y aplicaciones de acuerdo con la teoría económica que establece la asignación adecuada de este recurso. Además, y por añadidura, el sometimiento positivo de la sociedad respecto a los criterios medioambientales ha incidido de manera decisiva en la interpretación sostenible del recurso Agua. Sin embargo, ha surgido un nuevo (¿) enfoque hidrológico (y anti-hidráulico) cuya aplicación a las cosas de nuestra península, sin olvidar la singularidad de las islas, pretende imponerse de un modo exagerado. Es el caso de la denominada Nueva Cultura del Agua, cuyas tesis profundamente enraizadas en criterios ecologistas radicales exigen desarrollar prácticas hidrológicas exclusivamente de carácter conservacionista y cuyos resultados, con seguridad, serían nefastos para el desarrollo conveniente de nuestro país.
Bajo el punto de vista clásico del blanco-negro se pueden considerar dos posiciones en la balanza de las cuestiones posibles. De un lado, una gestión del Agua basada en las obras hidráulicas llevada al extremo de aplicar el líquido allá donde su rentabilidad económica sea máxima, sin importar cuestiones tan significativas y respetadas por la sociedad actual como es el mantenimiento de un horizonte ecológico adecuado a las necesidades de un desarrollo sostenible. Por otro, una radical y hasta enloquecida actitud conservacionista capaz de impedir el más mínimo desarrollo por mucho que éste sea compatible con la sostenibilidad democrática ampliamente consensuada. No parece alejado de lo razonable que nuestros gestores políticos se mantengan en un punto central equidistante de ambos extremos. Sí, porque los elementos paradigmáticos que determinan los valores de la revolución -más bien pretendida revolución- que promueve la Nueva Cultura del Agua, en todo caso, y desde luego no de forma tan radical, ya han sido puestos en valor en determinadas zonas en cuanto a la explotación del Agua se refiere. Además -esto es notorio y relevante- el que fue ministro de las obras públicas durante el último mandato socialista, José Borrell, con motivo de la presentación del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrogeológica), allá por el año 1993, en su discurso expresó literalmente: “La tradicional política hidráulica española, vertida a promover la oferta de recursos hídricos como pilar del desarrollo nacional, ha perdido su razón de ser en esta sociedad predominantemente urbana y orientada hacia las actividades terciarias. Si el inicio del siglo XX vio el origen y afianzamiento de la política de oferta de recursos, el final contempla la consolidación de una filosofía, inspiradora de la norma de 1985 (Ley de Aguas), cuyo objetivo fundamental es asegurar el uso eficiente de los recursos hídricos, eficiencia que debe entenderse desde nuestro avanzado nivel tecnológico, con una perspectiva socioeconómica y orientada sustancialmente por la sensibilidad ambiental de nuestra sociedad. Pues bien, este binomio que forman la ejecución de las infraestructuras pendientes y la intensificación de los esfuerzos en la gestión hídrica es lo que constituye la esencia de las actuaciones surgidas de la nueva política hidráulica.”. Y esto es el argumento que justificó el PHN en donde se contemplaban “2.000 Km. de nuevos ríos de aguas limpias” y unas transferencias ínter cuencas de hasta 3.768 Hm3.
La aludida eficiencia en el uso de los recursos hídricos -tan irregulares en el corto plazo- es inabordable si no se dispone de complejas y costosas infraestructuras hidráulicas, y no es menos cierto que esa eficiencia también requiere inexcusablemente una gestión adecuada. Las experiencias del dilatado ciclo de sequía sufrido, incluso de su esperado alivio, corroboran tanto la utilidad de las infraestructuras existentes como las carencias debidas a aquellas otras aún pendientes; las mismas experiencias también evidencian los resultados alcanzados con medidas de gestión. Pues bien, este binomio que forman la ejecución de las infraestructuras pendientes y la intensificación de los esfuerzos en la gestión hídrica es lo que debe constituir la esencia de las actuaciones surgidas de la nueva política hidráulica, y no otra. Continuar las inversiones en infraestructuras hidráulicas, en su más amplio sentido, y progresar en las medidas de gestión aplicadas a nuestras cuencas deberían ser las dos preocupaciones principales en este campo de la responsabilidad pública, entre otras cosas porque consecuencia de todo ello fue la propuesta del Plan Hidrológico Nacional del partido socialista en el año 1993. Y, en efecto, valores tales "como eficiencia en el uso" del agua, "reutilización exhaustiva de los efluentes que proceden de la aplicación muy racional del agua" o "establecimiento de tarifas tendentes a recuperar el coste en las explotaciones hidráulicas", han venido siendo referentes, a la fuerza, en regiones con carencias hídricas estructurales como son las pertenecientes al Levante español. Así, por ejemplo, puede decirse que la región de Murcia ha establecido, pese a su pertinaz sequía, unos usos hídricos de manera muy moderada, pues es bien sabido por todos que la escasez de agua supone una brutal asíntota para el desarrollo de una mínima agricultura muy competitiva y de una adecuación turística que aproveche los recursos naturales, de manera sostenible, en el litoral mediterráneo. A estos efectos, valga decir que la superficie total destinada a regadío en la región murciana apenas supone el 0,37% del territorio nacional y que tal regadío (190.000 Has.) representa el 16,8% del total del territorio de la Región. Aún así, los recursos demandados para el mantenimiento de esta agricultura enormemente competitiva han de buscarse en otras fuentes distintas a los recursos superficiales y subterráneos de la zona. Es necesario recurrir a las transferencias hidráulicas procedentes de otras cuencas distintas a la del Segura. César Cimadevilla Costa, ingeniero, destacado dirigente socialista y quien fue Presidente en funciones de la comunidad de Madrid (1983) se declaró partidario de los trasvases, y a él corresponde esta frase: “La propuesta de transferencias de recursos hidráulicos entre cuencas distintas son el resultado de un largo y complejo proceso de planificación hidrológica”. En esta cuestión resulta muy difícil discrepar de lo dicho por el ingeniero, también socialista. Pero es que, además, remontándonos al año 1993, en el preámbulo que se corresponde con la presentación del PHN (Borrell) se puede leer: “…hoy en día existen conocimientos científicos suficientes para permitir la construcción metódica de una planificación hidráulica, segura en sus fundamentos, coherentes en sus soluciones, deductiva y lógica en su método ejecución”, lo cual, junto a la firmeza con que el ministro Borrell inauguró el Congreso de Ingeniería Civil celebrado en Santander (1991) y en el que textualmente expresó que: “ la política hidráulica inscribe sus coordenadas en el medio plazo, en el horizonte de 20 años. El diseño de un país desde la perspectiva de la utilización de sus recursos hidráulicos se inscribe en plazos de cuarto de siglo. Por lo tanto algo muy alejado de los bandazos, las especulaciones, los golpes de efecto, las expectativas racionales o irracionales…”, nos lleva a preguntarnos qué lejos quedan aquellos tiempos en que los anuncios socialistas respecto a la ciencia hidráulica eran del tenor abierto y dialogante que imponía el ministro Borrell, pues hoy la planificación hidráulica ha sido sustituida por el decreto, como una nueva forma de gobernar que nada tiene que ver con el muy manido y expresado término del consenso, sino más bien con un cambio de actitud bien interesado que tiene por parámetros los intereses políticos muy alejados del propio interés general. En este orden de cosas, no es posible mantener la debida admiración que en tiempo remoto se tuvo de Borrell pues su silencio no es otra cosa que una oposición bien patente a lo que él mismo propuso como medida racional para la corrección de los desequilibrios hidráulicos peninsulares. Y eso, una de dos, o Borrell no estaba en su sano juicio hace quince años o, ahora, es un cínico reconvertido. La vía del decreto ley para derogar obra tan necesaria como el trasvase del Ebro no es lo que corresponde a una inteligencia tan inmaculada como la del anterior ministro de la cosa pública. Y volviendo a repasar la historia hidráulica de los últimos tiempos volvemos a encontrarnos con César Cimadevilla, con él y con el paradigma de su concepción hidrológica que da paso franco al necesario uso de la hidráulica: “la planificación debe quedar en manos del gobierno central. Y no debe romperse la unidad de Cuenca. Fuimos pioneros en adoptar ese criterio que ahora ha asumido la UE. Sería grave que los españoles volviéramos a confundir lo moderno con lo que está de moda”. Pues lo hemos confundido. Probablemente, la cuenca del Ebro es la más adecuada para proceder a una estimación objetiva de sus recursos totales, dando cobertura total a los requerimientos hídricos de la propia cuenca, determinando los parámetros por los cuales se fijaría un caudal ambiental y, en fin, procurando un esmerado respeto a las condiciones de contorno en la biocenosis de las aguas de transición en el Delta, allá en la desembocadura del río. Naturalmente que las determinaciones deben ser objetivas y extraídas del discurso indeleble por el que la gestión del Agua debe estar integrada dentro del ámbito geográfico que la cuenca define. Si bien esta última cuestión no parece, en los tiempos actuales, que pueda materializarse a la vista del puzzle autonómico de la plural España que a unos nos conmueve mientras otros alientan el impulso centrífugo que tiene en el Agua su paradigma, su cuestión prevalente. Un ejemplo que nos pone contra las cuerdas del impropio sentido común es la realidad de un logro estremecedor que sitúa a Aragón en el ‘TOP’ de los disparates hidrológicos: el Estatuto autonómico recientemente revisado y aprobado legislativamente por las Cortes Generales contienen la reserva, para uso exclusivo de los aragoneses, de 6.550 Hm3 de agua. Si aceptamos que en el total de la nación, de la escorrentía total (110.000 Hm3) nuestro sistema hidráulico regula 45.000 Hm3, la media –con su grandeza y su miseria- que correspondería a cada español estaría en torno a los 1.000 m3/hab./año. Legislar o gobernar para que una parte de España se arrogue la propiedad de más de cinco veces la media nacional, hace que no sólo la desviación típica y su propia covarianza se pongan de rodillas sino que todo un sentimiento de inmutable inteligencia se rasgue las vestiduras ante tan implacable y cardinal ataque al proyecto unitario de la España plural, ya destrozada en función de unos intereses políticos sectarios que no paran en mientes con tal de lograr sus objetivos.
Con la derogación del trasvase del Ebro se ha formalizado un itinerario que necesariamente nos lleva a la confrontación entre los distintos gobiernos autonómicos que se ven afectados por tal decisión. Pero lo más sorprendente de todo es que quienes han decidido tal cuestión acusan a los disidentes de procurar una crispación en la convivencia de una ciudadanía absolutamente ajena a todo lo que no sea observar la realidad bajo las coordenadas políticas. Tenemos así que la política hidráulica ha dado paso a una especie de filosofía del sentimiento que, a despecho de sus cánones científicos, estima que el agua y sus riquezas encuentran a sus genuinos propietarios en aquellos que disponen sus asientos en las márgenes de los ríos. Por lo que significa (y ha de significar) la decisión tomada en relación con el Ebro, estamos ante un nuevo campo de batalla muy adecuado para seguir alimentando esta locura centrífuga de la muy quebrada España autonómica. Sin duda, esto puede observarse directamente viendo la reacción que los gobiernos autonómicos han tenido y cuya consecuencia ha sido una elevación del nivel de confrontación verdaderamente enloquecido. Pero es que en materia hidrológica, los criterios ideológicos que inspiran a las distintas opciones políticas se desvanecen para dar paso a los argumentos territoriales que, ahora, son esgrimidos por los líderes políticos regionales a fin de obtener adhesiones a sus respectivos proyectos. La dirección tomada en virtud de las decisiones políticas en esta materia se aleja, más y más, de lo razonable, pues no resulta en modo alguno aceptable someter los objetivos que señala el interés general por otros, más espurios, en donde se prima el interés territorial que, en todos los casos, tiende siempre a beneficiar a unos pocos. Y lo que se invoca interesadamente es la heroica ruptura con los sistemas de gestión del pasado siglo en donde el Medio Ambiente era poco menos que ignorado, pero sucede que lo que ayer era mero aditamento en la gestión hidráulica (lo Ambiental) hoy es prioritario, mientras que lo fundamental de antes, la aplicación del Agua a los usos económicos y sociales, hoy se ha convertido en simple adorno, lo cual no es de recibo, por lo paradójico. No presenta ninguna ventaja volver lo activo por lo pasivo: lo mejor es el equilibrio, limpio de intereses sesgados –manipuladores sin escrúpulos de la técnica, contaminada por la política- en función de lo natural, lo deseable y lo racional. Esto de maniatar las cuestiones científicas, de practicar la tortura implacable a los números y sus cuentas da paso –fatalmente- al imperio de la categoría política que justificará sus cuestiones absolutas con las incertidumbres sobre las que se asienta la propia ciencia.

Ante este estado de cosas cabe preguntarse por la viabilidad del Acueducto Tajo – Segura cuya vida alcanza la considerable edad de 29 años. De un lado, si el proyecto de trasvasar entre el 6 y el 9% de su aportación al mar desde la desembocadura del río más caudaloso de España (Ebro) genera dislates medio ambientales intolerables, entonces, ¿qué decir de determinada transferencia hidráulica en cantidad del 25-30% respecto a su aportación total materializada desde la propia cabecera del río, tal es el caso del río Tajo? En Castilla La Mancha cuentan con un argumento sólido para lograr un éxito territorial más que pretendido. No obstante, y por suerte, esta vez la actitud contradictoria del Gobierno ha puesto freno a las aspiraciones manchegas y de paso aliviar las angustias de los ciudadanos levantinos, en Murcia, Almería y Alicante, cuya total dependencia de las aguas del Tajo resulta ser un asunto vital. Pero el problema sigue latente, durará por siempre, y más si el fraccionamiento del territorio sigue el rumbo actual. Lo curioso de esta situación es que los proponentes políticos siempre tendrán a su disposición un elemento de enganche que a modo de bandera (o banderín, vaya usted a saber qué) sirva de arenga para lograr adhesiones a una causa de corte integral político y cuya llave maestra la constituye el Agua.
Estamos, pues, ante un proceso de desintegración, un proceso que tiene su origen en un decreto ley como sustitutivo radical de todo un ejercicio de planificación; un proceso que tiene en la descomposición de las confederaciones hidrográficas su elemento capital y con el objetivo indeseable de hacer coincidir los límites territoriales con los que determinan el ámbito de todas y cada una de las cuencas hidrográficas. Nuestras confederaciones sindicales hidrográficas son instituciones veteranas en el tiempo y eficaces para la gestión del agua dentro de su ámbito. Los instrumentos de planificación reciben el nombre de Plan Hidrológico de cuenca. Nuestra legislación en materia de Agua ha sido ejemplo a seguir por otras administraciones de países muy desarrollados, por eso resulta muy extraño el camino emprendido en la dirección contraria a nuestra propia historia, la cual en modo alguno es rechazable pues los tiempos han tenido, todos, sus propias particularidades y en adaptación de ellas el Agua ha sido gestionada con indudable acierto. Desde la descomposición de las CHs se pretende llegar a unas (denominadas) demarcaciones hidrográficas cuya característica común es que están delimitadas de acuerdo con las exigencias territoriales de las distintas regiones de España. No sólo eso sino que además, de modo flagrante, existe una agresión disparatada al espíritu de la Constitución en donde de manera sutil se anuncia que el Agua carece de fronteras distintas a las que ella misma delimita en su discurrir. Es el caso del río Guadalquivir cuya cuenca, casi toda ella pero no en su totalidad, discurre por Andalucía. Por eso se ha tomado la decisión política de asignar su gestión a la Junta de Andalucía lo cual es un precedente grave para continuar el camino iniciado que llevará a la descompensación de los criterios hidráulicos aplicables en España. También, el Nalón se transfiere en sus competencias al Principado de Asturias so pretexto de que casi toda su cuenca se halla inmersa en su territorio, quizá el 99 %. Pero esto no es una cuestión cardinal; no se trata de asignar competencias en función de los kilómetros de márgenes que se incluyan en un territorio. No es esto. Para la gestión integral del agua por el Estado siempre será mejor que las decisiones en la materia sean tomadas por una autoridad gubernamental que por la correspondiente de un territorio particular. El Guadalquivir y el Nalón constituyen el punto de partida para que al final, tarde o temprano, la gestión del Agua pueda descender hasta el ámbito provincial, cuando no el municipal.

La derogación del trasvase del Ebro marca un hito, un punto de inflexión, una solución de continuidad torpe en la política tradicional del Agua que en absoluto necesita de tal acción para incorporar los elementos nuevos que han de tenerse en cuenta en la planificación y que ya se han apuntado anteriormente: la cuestión ambiental como restricción previa a toda planificación hidrológica. Un informe de no más de seis folios ha servido para que, mediante la figura de un Decreto Ley posteriormente refrendado por las Cortes, se haya puesto punto y final a las obras que habrían de destinar el agua desde una cuenca con vocación de unidad excedentaria (en cantidad y calidad, incluido el Delta) hasta lugares donde estructuralmente existe un déficit absoluto imposible de corregir si no es mediante transferencias hidráulicas. Pero es que, además, en dicho informe se recogen afirmaciones que son absolutamente falsas y desde la falta de rigor se acusa a los responsables de la redacción del proyecto técnico de eso, de no tener rigor. Veamos:

Las justificaciones expresadas para denostar el trasvase del Ebro constituyen en general un planteamiento falso y prefabricado para llegar a las cifras que se quisieron justificar. En realidad se acercan al menosprecio arrogante respecto al trabajo y a la inteligencia de quienes proyectaron esa obra hidráulica. La obra no se amortiza en 25 años como se propone en el informe, si acaso, y por convención, el período debe fijarse en 50 años como nos enseñan nuestros maestros, advirtiendo además que lo normal sería en todo caso que un gobierno socialista dispusiera para el ciudadano las obras públicas sin amortización alguna (claro que la filosofía europea consagra el sistema capitalista como esencial para el ejercicio de la política común). Como 50 es el doble de 25, se justifica el objetivo de estimar al alza la tarifa propuesta en el proyecto. Se dice, con todo descaro, que no hay estudios geológicos realizados, lo cual es una gran mentira porque los hay y muy específicos. Se afirma que las pérdidas serán del 16% como mínimo y se justifica haciendo notar que las pérdidas del Tajo Segura son del 10% (la circulación en canal tiene pérdidas inferiores al 5%) cuando en realidad el sistema de circulación de las aguas en el ATS es muchísimo más complicado que el previsto para el trasvase del Ebro, del cual se podría afirmar con cierto rigor que no llegarían ni al 5%, tal y como se hubo contemplado en el proyecto, cuestión ésta -la de su contemplación- que también se niega. Respecto al caudal ecológico, la cifra de 135 m³/s parece que se adopta para que los números cuadren porque el proyecto adoptó como caudal 100 m3/s (tal como se dispone en el Plan Hidrológico del Ebro). Por consiguiente, las limitaciones aducidas en relación a los desembalses de Mequinenza y Ribarroja pueden ser ampliamente criticadas por el más modesto de los técnicos hidráulicos. Respecto a las negativas que se han arguyeron -con reiteración- por parte de “Bruselas”, lo cierto es que no fueron tales. Si acaso, las prevenciones típicas de funcionarios escrupulosos en la interpretación de las Directivas Europeas. Por eso, la Exposición de Motivos que precedió al Decreto de Derogación del Trasvase del Ebro produjo el enojo de todos los profesionales que hubieron participado, de una o de otra forma, en la planificación que tuvo por objetivo ese trasvase. Y algo que, por lo paradójico, es más grave, esto es, la falta de respeto hacia los criterios medioambientales por parte del MIMAM al llevar al Parlamento los documentos necesarios para la derogación precisamente el mismo día en el que aparece en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la Directiva relativa a la evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, eludiendo de esta forma y de modo indecente la preparación de "un informe medioambiental que contenga información pertinente determinando, describiendo y evaluando las posibles repercusiones medioambientales significativas de la ejecución del Programa A.G.U.A. y sus alternativas razonables teniendo en cuenta los objetivos y el ámbito geográfico del plan o programa. Los estados miembros deben comunicar a la Comisión toda medida que emprendan sobre la calidad de los informes medioambientales”. Y todo lo anterior sin haber incorporado al Derecho Español la directiva europea específica en la que se obligaba a los Planes y Programas de obras la ejecución previa de un Estudio de Impacto Ambiental Estratégico. De la pericia y sagacidad de la ministra Narbona nada que decir excepto que es difícil aceptar el argumento por ella esgrimido de que “presentaría, no obstante, en Bruselas el correspondiente Estudio Ambiental Estratégico” para justificar su programa alternativo al trasvase del Ebro que denominó con indudable agudeza PROGRAMA AGUA. Algunos, empero, nos preguntamos, ¿y si hubiera resultado negativo ese Estudio, qué habría pasado con el Programa? Pues hacerles el juego a lo más radical del ecologismo, valiéndose de ellos e incurriendo en una execrable contradición ambiental: primero ejecuto y, después, justifico (a toda costa).

¿Qué respeto merece quien utiliza argumentos sutiles a favor la defensa de quienes hacen (por ejemplo) de la Malacología su catecismo, al tiempo que desprecia los procesos administrativos aplicables en el respeto al Medio Ambiente? Poco, casi ninguno. Aun así, quizá sería muy provechoso el inicio de la muy anunciada reforma de la Ley de Aguas de 1985.

(El Noticiero)

UNA DEROGACIÓN PERVERSA


Un cúmulo de mentiras, medias verdades y manipulaciones sin cuento se utilizó para desterrar de la plural España el trasvase del Ebro. Al punto de producirse tal derogación (junio, 2004) estaban concluidos los proyectos constructivos de la mayor parte de los tramos, incluso de aquéllos con plazos de redacción más largos (túneles). El resto tenía el grado de ejecución necesario para concursar las obras en los plazos prefijados, y estaba licitada la adjudicación de tuberías para el trazado por un importe de 1.500 M€. Además había obras iniciadas en Vinaroz, Fuente la Higuera, Archena y Huércal-Overa.
En relación con la pretendida negativa de la UE al proyecto, la facción socialista interesada por la derogación manipuló sin escrúpulos sus propias noticias. En toda declaración, siempre, por parte de la tan inteligente como perversa (en sentido político, naturalmente) ministra Narbona, el argumento repetido tuvo por referente la negativa de la UE a financiar las obras del dispositivo hidráulico. Pero la realidad es que el pronunciamiento de la UE respecto del trasvase únicamente se hubiese producido, oficialmente, una vez resuelto el expediente de solicitud de ayudas que, por cierto, ya estaba en tramitación. Hubo, eso sí, informes espurios internos de unidades o funcionarios que no intervenían en dicha tramitación, todos ellos realizados con clara intencionalidad electoralista días antes de las elecciones del 14-M y coincidiendo con los inicios de las obras. Entonces, el propio Comisario de Política Regional hizo un comunicado desautorizando aquellos intentos que, invocando a la propia UE, pretendían boicotear el proyecto. La cuestión ambiental fue esgrimida de modo sectario y de acuerdo con los intereses políticos de quienes estaban por la labor de obstaculizar las obras, pero los estudios habidos en USA (Narbona en un principio pretendió argumentar que la experiencia de EEUU favorecía sus intenciones, lo cual era extraordinariamente inexacto) siguen advirtiendo que existen muchas incertidumbres respecto del impacto ambiental asociado al uso intensivo de la desalación, tales como los efectos sobre la biocenosis marina en la mecánica de la captación, filtración, posterior vertido de materia orgánica al mar, reactivos etc.. En los estudios realizados por el MIMAM estos posibles efectos se ignoran o minimizan sin análisis científico riguroso. La actitud política del actual gobierno contrasta con la feroz crítica ambiental que se hizo de las obras del trasvase. En todos los estudios de viabilidad realizados sobre alternativas de recursos hídricos basados en el Análisis de Ciclo de Vida (LCA), la opción de desalación resulta la de mayor intensidad energética y la que emite por m3 más GEIs, debido tanto al consumo propio de energía como a la reposición de las membranas osmóticas, cuya vida útil en los casos más favorables es de 5-10 años.
A despecho de los impactos del Cambio Climático, sorprende haber optado por una solución que exige mayor consumo de energía. En efecto, en el Anejo Energético correspondiente al Proyecto del Trasvase del Ebro se justifica un consumo medio de 2,2 Kwh./m3 para el agua trasvasada, mientras que los datos que maneja ACUAMED en el Programa AGUA, para la desalación, es de 3,75 Kwh./m3, y el IDAE estima como valor actual 3,5 Kwh. + 0,5 de impulsión, previendo que -para cuando se mejoren las instalaciones- tal cifra podría bajar hasta 3,2 Kwh./m3. El funcionamiento de las desaladoras en época estival (puntas de consumo energético y caída en la producción hidroeléctrica) ya han causado problemas de suministro. En la actualidad, ninguna de las desaladoras construidas, y aun proyectadas, están funcionando atizadas por energías de corte renovable si bien, en todo caso, las medidas de fomento de la energía renovable serían tan aplicables a la desalación como al derogado trasvase.
La cancelación del trasvase del Ebro ofrece un confuso horizonte para aquella política hidráulica que determina, para el Agua, la ausencia de fronteras administrativas. Es el punto final a la ejemplar historia en la gestión del Agua en España que por cierto, según el Libro Blanco (1999), se anticipa a la Directiva Marco (2001) al considerar que la gestión basada en la oferta y con la restricción previa que supone la opción de mantener un Medio Ambiente aceptable, sustituye a aquella otra en donde la demanda obligaba a la construcción de artilugios hidráulicos ad hoc. Asuntos tan sensibles como es el mantenimiento del Tajo-Segura quedan condicionados intelectualmente de tal forma que es posible que a corto plazo la gestión unitaria del agua sea un asunto trasnochado históricamente: ¡la cuestión territorial, por desgracia, se ha impuesto¡
Y qué decir de Aragón, opuesta a las transferencias de agua en la desembocadura del río Ebro, lejos de los límites de su territorio, pues resulta difícil compadecer dos posturas tan contradictorias: de un lado, considerar improcedente la detracción de 1.150 hm³ en la desembocadura y, de otro, reservar para uso y disfrute de los propios aragoneses la cantidad de 6.550 hm3 ¿Para qué?

miércoles, marzo 19, 2008

Premio Estocolmo del Agua 2008

Estocolmo, 19 mar (PL). El científico británico John Anthony Allan, cuyo concepto del "agua virtual" le ha hecho famoso internacionalmente, fue reconocido hoy con el Premio Estocolmo del Agua 2008.
El Instituto Internacional del Agua de la capital sueca consideró este martes que Allan "ha ofrecido un trabajo pionero decisivo para la comprensión y transmisión de temas relevantes" relacionados con los recursos hídricos.
De acuerdo con el veredicto, el estudioso ha contribuido al desarrollo de conceptos claves para comprender la vinculación del agua con la agricultura o el cambio climático.
Considera que el trabajo de Allan es único y de larga duración en el conocimiento sobre las relaciones interdisciplinarias entre producción agrícola, uso del vital líquido y procesos económicos y políticos.
El concepto de agua virtual, desarrollado por el investigador en 1993, considera su consumo no sólo como bebida o para el aseo, sino por su rol en procesos de producción e intercambio de alimentos.
Expertos estiman que esa postura tiene un impacto importante en la regulación del comercio global y de la investigación y ha ayudado a redefinir el discurso sobre las políticas vinculadas al agua.
Allan, profesor del King's College de Londres, recibirá el premio -creado en 1990 y consistente en 150 mil dólares y una estatua de cristal- el próximo 21 de agosto en ocasión de celebrarse la Semana Mundial del Agua.
jf/ls

REAL, COMO LA VIDA MISMA



Con ocasión de determinada entrevista televisiva hecha a Asunción Balaguer, la hoy viuda del muy admirado Paco Rabal, fue interpelada acerca de sí era celosa o no. Asunción titubeó en un principio y respondió con energía: ¿Celosa? ¡Pero sí lo mío es real! Algo así pasa con el asunto del Agua, que es real. Otra cosa es que su manejo político le haya servido al PP para lograr una victoria clamorosa a nivel regional. Pero, desde luego, los políticos populares no han inventado tal cuestión, simplemente se han alineado del lado racional de este asunto, todo lo contrario que sus rivales socialistas. Dicho esto me parece oportuno expresar que a partir de este momento el debate acerca del Agua debería enmarcarse en las exclusivas coordenadas civiles que se obtienen tras razonamientos de carácter científico y técnico, entendiendo por científico no sólo aquellos teoremas empíricos y positivos que se deducen de la Física sino también los modelos establecidos por la moderna ciencia de la Ecología. Por supuesto que el punto de vista técnico contempla no sólo la hidráulica sino que también el muy importante aspecto económico de cualquier proceso. Comprenderá el lector que, en el anterior ámbito, el abandono intelectual es de todo punto imposible para quienes estamos comprometidos con el análisis académico de las cosas. Algunos ilustrados científicos además de los que nos consideramos aprendices en esta materia deberemos permanecer firmes en nuestros análisis, siempre y cuando cuidemos de no traspasar los límites que separan la ciencia (tan incierta) de la política (tan de postulados absolutos). Y no es fácil.

En fin, si diferenciamos la política de la ciencia es muy probable que el conjunto de la ciudadanía obtenga una información imparcial y acaso certera de los asuntos que le preocupa. Sucede que los políticos cuando hablan acerca de cualquier asunto, más que informar lo que hacen es adiestrar en la doctrina sectaria que a ellos les interesa. Además, es tan fuerte la presión política existente que es muy difícil que cualquier cuestión social no esté exageradamente impregnada de supuestos políticos todos ellos muy interesados. Así que no queda otro remedio que recomendar a todos los gobernantes y diputados, de uno y otro lado, que cesen en sus denuestos hacia el rival para que el ciudadano disponga del sosiego necesario y perciba que la práctica política no es exactamente un enfrentamiento radical de enemigos implacables. Tanto el gobierno popular de esta Región como el socialista que administra la Nación deben llegar al esperado consenso que establece no ya las diferencias entre uno y otro sino aquellos acuerdos que no incomoden a ninguno y que, en todo caso, el ejercicio gobierno-oposición resulte, a fin de cuentas, conveniente para los ciudadanos, porque a veces los políticos olvidan que su función más importante es ésa: procurar el bienestar de la sociedad.

Mientras esto sucede, es decir, que el PP regional y el PSOE nacional llegan a determinados acuerdos beneficiosos para nosotros, algunos -y quien esto suscribe entre ellos- permanecerán en una especie de revolución permanente acerca de la defensa científica y técnica de la hidráulica como práctica eficaz e imprescindible para resolver problemas estructurales. En un documento oficial del MMA correspondiente al año 2006 se reconoce que, para la Cuenca del Segura, la demanda de Agua alcanza la cifra de 2.000 hm³. Y estamos de acuerdo con ello. Otra cosa sucede cuando se contabilizan los recursos disponibles, pues se dispone de 540 hm3 procedentes del Tajo, cuando esto (al menos durante una demasiado larga serie histórica) no parece posible garantizarlo. Ni siquiera los 640 hm3 estimados como recursos procedentes de agua superficial parecen una cifra viable y, por consiguiente, aun siendo campeones de España en cuanto eficiencia y reutilización en el uso del agua, y contando con el esfuerzo inversor que supone el desarrollo del Programa AGUA, es muy previsible un desastre hidrológico como producto de una demanda no satisfecha cercana a los 500 hm³. Esto es así, y luego el político de turno que se alinee en donde le venga en gana pero los números son los números y no se trata de torturarlos, porque de insistir en la tortura desde luego que al final ellos cantan (lo que se quiera).

Finalmente, con el debido respeto e ignorancia supina, me veo empujado a opinar sobre política, dando por exacta esa conclusión tan correcta políticamente que determina aquello de que: “el pueblo es sabio y siempre tiene razón” (cuestión que, si se me permite, pondría en tela de juicio) y por consiguiente la abultada victoria popular en Murcia significa que la política hidrológica –no ya hidráulica- no es en absoluto del agrado de los murcianos. Y ya que estamos, España ha dicho que prefiere a Zapatero, siempre y cuando se deje de florituras nacionalistas.

Reflexiónese, pues, acerca de lo dicho. Pero permítanme un exclusivo comentario político acerca de la ministra Narbona, tan perversa y aleve como el Yorik de Un Drama Nuevo, quien se ha atrevido a justificar la bondad de su política hidrológica en base a los resultados habidos en Cataluña y Aragón, todos ellos de su interés, pero ¿y qué pasó en Murcia?

JUAN GUILLAMÓN
La verdad, marzo 08.

martes, marzo 04, 2008

CAÑETE


Las Elecciones Generales son la estrella de la Democracia. Bien. Es el momento de la confrontación y de los debates parlamentarios que no son otra cosa que el cuadro sinóptico de todo aquello que cada uno de los candidatos -en su momento- hubo estimado, eso sí, siempre a favor de los intereses de su propio ombligo. Tras esos debates, los medios de comunicación contando con los servicios de las agencias encuestadoras publican resultados que curiosamente coinciden con la estimación previa hecha por esas mismas agencias en cuanto a la estimación de voto. Por consiguiente poco importa que uno u otro candidato supere dialécticamente al contrario pues, siempre, el entrevistado obviará las cuestiones objetivas de tal enfrentamiento y estimará las cosas de acuerdo con su propia intención partidista. Lo hemos visto.
Sin embargo, justo es opinar acerca de cuestiones importantes. Hace algo más de cuatro años, el entonces ministro de Agricultura, Arias Cañete, creo que en Jumilla, fue sorprendido en sus declaraciones respecto al muy manido trasvase del Ebro cuando se encontraba en un ambiente muy familiar rodeado de regantes y compañeros de partido, y en medio de las típicas frases que se dan cuando un conjunto de camaradas se reúne para establecer fervorines clásicos en donde prima la cuestión -siempre subjetiva- de que somos los mejores. Sí, somoslosmejores, siempreteadmiradocomopolítico, vamosaganar, esossonunospetardos, eresuncampeón, unanimalpolítico etc. Todo ello unido al clásico golpe en el hombro y al choca esos cinco. Arias Cañete dijo, bajo un supuesto ambiente familiar, aquello de que el trasvase del Ebro se haría por cojones, añadiendo, además, que sería un paseo militar. La que se armó en el conjunto de los militantes del PSOE fue de órdago y se aplicó tal comentario para generalizar el denuesto al partido contrario (PP) acusándolo de fascista y autoritario. Bien.
Ahora, nos encontramos con el asunto de Gabilondo, en la Cuatro, con quien Zapatero tuvo un momento de sinceridad bien plausible. Está claro que de haberlo sabido, tanto eso de la tensión como el propósito de dramatizar hubieran sido silenciados en tanto en cuando se tuviera la oportunidad de expresar tal opinión amparado por la discreción. No hay que darle más vueltas porque el asunto resulta grave precisamente porque es el propio Presidente del Gobierno quien desvela una actitud provocadora de la tan manida crispación que –según él- hace estragos en la derecha española. Me pregunto que si lo de Arias Cañete representó (para el PSOE) la actitud hostil y montaraz de una derecha intolerante, entonces lo del drama y la tensión, ¿tiene o no importancia? Deberíamos preguntarnos si la actitud que de ello se desprende corresponde a un imbécil del tenor apuntado por Felipe González.
Mientras tanto, el primo y la sobrina de Rajoy, el abuelito de Zapatero, el cuñadísimo de Franco, el caballo de Pincho y el primo de Zumosol son la estrella de la política española. Por cierto, ¡qué bueno lo de Fidel Castro! En mi opinión, ha hecho bueno a Franco que ya es decir. Casi 50 años de dictadura para dar paso a su hermano es una decisión que me conmueve y sobre todo, de modo cardinal, pone a Franco por encima de él en cuanto a rigor democrático, ¿se imaginan ustedes que tras casi 40 años de dictadura, el General hubiera dispuesto –al modo castrista- para dirigir los destinos de España al marqués de Villaverde? Menos política y más actitud civil positiva; es lo que necesitamos (antes de votar).

Juan Guillamón.
29,02,2008.

CICCP ELECCIONES

La CANDIDATURA DE RUA Y LAZCANO A LA PRESIDENCIA DEL COLEGIO DE ICCP


domingo, marzo 02, 2008

El Colegio de Caminos arremete contra la gestión del Gobierno central


RESERVAS AL LÍMITE
Los ingenieros del agua se rebelan
El Colegio de Caminos arremete contra la gestión del Gobierno central y la voracidad hídrica de las autonomías. El ex director del Agua de Narbona se vuelve uno de los más críticos
MANUEL BUITRAGO
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Canal de Monegros sin agua, en la entrada del acueducto de Puyamicos en Cartuja de Monegros (Huesca). El pantano de Rialb (Lérida) se encuentra al 10% de su capacidad. Eel rio Ebro, el viernes a su paso por Tortosa (Tarragona), con un caudal más bajo de lo habitual. Embalse de Ricobayo, uno de los embalses de la cuenca hidrográfica del Duero en estado de emergencia por la sequía. Inusual aspecto que muestra el embalse de Barrios de Luna. en la Babia leonesa. Aspecto que presenta el pantano de Sau, del río Ter, debido a la sequía que padece Cataluña. Alguien se puede imaginar que los pantanos del Cenajo y del Talave, vitales para la Región de Murcia y Alicante, pasaran a ser gestionados y controlados por el Gobierno de Castilla-La Mancha? ¿O que se desmonten los diques y presas del Plan de Defensa contra las Avenidas de la cuenca del Segura? ¿O que cada comunidad autónoma se asigne un cupo de agua de los ríos que las bañan, como ha hecho Aragón reservándose 6.500 hectómetros cúbicos? ¿O que la cuenca del Guadalquivir se divida por provincias? El Colegio de Ingenieros de Caminos de España ha pasado a la acción tras permanecer cuatro años observando la gestión del agua que llevan a cabo el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el Ministerio de Medio Ambiente y ha dado la voz de alarma, coincidiendo con la peor sequía que se recuerda. La mayor crítica que le dirigen al Gobierno es que no existe política de agua, y echan en falta una planificación general frente a la improvisación de las medidas de emergencia y los decretos. Los señores que construyen las presas y diques, los canales y acueductos, y que son herederos de un legado de obra hidráulica de más de 200 años, advierten del peligro de que se troceen los ríos debido a las presiones de las comunidades autónomas; y arremeten contra los colectivos que pretenden liberalizar los ríos desmontando presas y otras obras de regulación. Han recurrido al presidente Rodríguez Zapatero, quien aún no ha contestado a la carta que le enviaron el pasado día 24 para expresarle su preocupación.¿EL CAOS TOTAL?«Se dicen auténticos disparates»«¿Qué pasaría con el tráfico en Madrid si desaparecen los semáforos? El caos total». Con este símil, el presidente del Colegio de Ingenieros, Edelmiro Rúa, señaló la peligrosa tendencia que se ha instalado en los últimos meses, impulsada por algunos colectivos, de dejar los ríos libres y suprimir hormigón y escolleras. Rúa considera la regulación y las obras hidráulicas imprescindibles para hacer frente a las inundaciones y avenidas, así como para superar episodios de extrema sequía como el actual. El colegio alerta del peligro de seguridad ciudadana y riesgo para la vida de las personas que supone desmantelar estas obras. Edelmiro Rúa cree que la única forma de solucionar este desorden es un pacto nacional del agua.En un desayuno de trabajo, el Colegio de Ingenieros dio a conocer el viernes sus postura oficial ante la gravedad de la crisis del agua, con la presencia de los miembros de la comisión creada al efecto, entre ellos Juan Guillamón, Carlos Garau y Luis Galguera, decanos de las demarcaciones de Murcia, Baleares y Asturias, respectivamente. Se sumó también al encuentro Juan José López Martos, que fue director general del Agua con Cristina Narbona en una primera etapa, hasta que dimitió. Éste tuvo un protagonismo en el lanzamiento del Programa Agua y la derogación del Trasvase del Ebro, pero ahora su discurso es muy crítico, sobre todo hacia los defensores de la Nueva Cultura del Agua que sostienen la política de la ministra Narbona, y también hacia los dirigentes autonómicos. «El debate del agua está preñado de ideología. Se dicen auténticos disparates. Cuando estuve en Aragón y me comentaron que el agua es un sentimiento, me dije: apaga y vámonos». López Martos cree, en términos generales, que se sigue regalando el agua, y opina que con los planes de sequía «se está afrontando mejor la situación». Una de sus andanadas la lanzó contra «unos ignorantes de la universidad de la vida que, con un ataque feroz, quieren ahora desmontar las presas». A su juicio, las obras hidráulicas son necesarias, y hay que ejecutarlas en función del interés económico y rentabilidad, del respeto medioambiental y de la aceptación social. «Ya que no se puede hacer una obra con ayuda de la Guardia Civil», dijo.6.500 HM3 PARA ARAGÓN«El agua no es un sentimiento»Juan Guillamón, decano de Murcia, pidió un cambio de coordenadas para que prime lo científico sobre lo político. Junto con su colega asturiano, Guillamón es el más crítico con el Gobierno central, «que crea problemas en lugar de solucionarlos. El Ministerio dice que gestiona la sequía de forma extraordinaria, y yo digo que será por las 1.500 presas que se construyeron en el pasado. De no ser así, en lugar de tener en España 54.000 hectómetros cúbicos de capacidad de embalse, sólo tendríamos 8.000. Los ingenieros somos más importantes que esos profetas de la Nueva Cultura del Agua que dicen ahora que los ríos son corrientes de agua intratables».Sobre la territorialización, Guillamón sostiene que con el agua no se puede hablar de sentimiento. Califica de «disparate» que Aragón se reserve 6.500 hectómetros cúbicos del Ebro para una población de 1,2 millones de habitantes, frente a la provincia de Alicante que tiene 1,8 millones. Si no frenamos la centrifugación del agua, vamos a terminar gestionando nuestro cuarto de baño para decir cuándo se abre el grifo del bidé o de la ducha».«EL PANFLETILLO» DEL PSOE«Sólo quieren ganar votos»Para Luis Galguera, del colegio asturiano, la fuerza política de las comunidades autónomas «impide que se lleve a cabo una política general del agua en España». Dirige uno de sus dardos hacia la derogación parcial del Plan hidrológico Nacional (PHN), que estaba basado en el Libro Blanco del Agua, una obra elogiada por todos los ingenieros, que creen incluso que se adelanta a la Directiva Marco de Aguas. «Apareció el nuevo PHN, que es un panfletillo de varias hojas que ha destrozado la planificación hidrológica anterior, con el error grave de fraccionar los ríos y las cuencas».Para Galguera no hay nada que criticar de la política de agua del PSOE «porque no existe política del agua. Los partidos y los gobiernos hacen las obras para ganar votos en Aragón o en Murcia».El boletín hidrológico semanal del Ministerio de Medio Ambiente es otro dato que maneja el Colegio de Ingenieros para pronunciarse «en este momento crucial», toda vez que España lleva cinco meses consecutivos registrando valores pluviométricos por debajo de la media ponderada. Apunta que a corto plazo «pueden sucederse periodos de restricciones». Opina que no se pueden estar tomando medidas extraordinarias cada cierto tiempo, en lugar de acometer una planificación general, ya que los periodos de sequía son históricamente recurrentes.SÍ A LOS TRASVASESNo al debate sobre el EbroEl derogado trasvase del Ebro no podía faltar en el desayuno. No existe una postura unánime del Colegio de Ingenieros de Caminos a la hora de reivindicar oficialmente esta obra. Juan Guillamón apuntó que el Colegio apoya el informe jurídico de Emilio Pérez Pérez a favor de este trasvase y en contra del procedimiento jurídico utilizado para eliminarlo. Dicho informe fue aportado como anexo al comunicado oficial del Colegio, pero eso no quiere decir que esta institución apoye esta obra en concreto, puntualizó su presidente, Edelmiro Rúa. «Nosotros apoyamos que las cuencas excedentarias deben colaborar con las deficitarias. En el año 2004 ya dijimos que hacían falta plantas desalinizadoras, que había que regular los ríos, gestionar las aguas superficiales y subterráneas y enviar transferencias de agua de un sitio a otro. Todo debe ser visto desde una gestión integral», subrayó, al tiempo que destacó «la pluralidad» de puntos de vista dentro del Colegio. CRÍTICAS AL PACTO DE ARAGÓNEl tabú del hormigónAquí terció de nuevo López Martos, quien negó que el plan del PSOE «sea un panfletillo», ya que reveló que fue él quien hizo la redacción final del programa de agua socialista. Aquel protagonismo no le impide ahora señalar que «el Pacto del Agua de Aragón es más disparate que el Trasvase del Ebro». Lo declara al comparar -junto con Juan Guillamón- cómo quedaría repartida el agua en España. Esto es, más de 5.000 metros cúbicos por habitante y año en Aragón frente a 1.000 de la media. «Lo malo de derogar el Trasvase del Ebro es que la palabra hormigón se ha convertido en un tabú», apostilla uno de los impulsores de su derogación en el año 2004. Guillamón subraya que esa derogación «fue un disparate». «Hay que preguntarle primero a Aragón para qué quiere el agua. Si es para regar la estepa de Los Monegros, eso es otro disparate». Así las cosas, el presidente del Colegio, Edelmiro Rúa, aporta una visión salomónica. «Aragón se ha reservado 6.500 hectómetros cúbicos. Respecto del resto del agua que lleve el Ebro y que puede sobrar, no tendría que decir nada», añadió, al mismo tiempo que hacía mención al gran casino que se quiere construir en aquella comunidad, emulando a Las Vegas.López Martos lanzo otro dardo: «El mayor trasvase que hay en España son los 300 hectómetros cúbicos anuales que se sacan de los pozos de Albacete y que están afectando a la cuenca del Júcar».CONTRA LOS BARCOS DE AGUA¿Los recibirá Zapatero?El Colegio de Ingenieros también se muestra muy crítico con el proyecto para enviar agua desalinizada por barco desde Almería hasta Cataluña. Guillamón alude irónicamente «a la inestimable ayuda de los ingenieros navales». López Martos va más allá y arroja más piedras sobre el tejado de la ministra de Medio Ambiente y del Gobierno socialista. «Ese agua costaría más de 1.200 pesetas el metro cúbico», explica. A su juicio, esta medida es consecuencia del Tripartito de Cataluña, «que ha demonizado los trasvases. Tienen una solución más práctica, que es construir una tubería de 20 kilómetros para conectar Barcelona con el minitrasvase de Tarragona».Juan Guillamón recordó la encuesta realizada por el Colegio en el año 2004, según la cual el 45% de ingenieros apoyaba los trasvases, el 8% la desalinización y el 90% el complemento de ambas fórmulas. Este organismo ha expresado su «preocupación» por los costes energéticos y los vertidos de salmuera de las desalinizadoras, un problema menor comparado por «la inexistencia de una planificación nacional». No creen que Rodríguez Zapatero les cite para discutir estos problemas; y si lo hace será unos días antes de las elecciones.

GUILLACRÓSTICO 41

41 CHISPAZOS  ESTIBA. - Lo de la pasada semana en el Congreso, con lo de los estibadores, resulta impresionante. Con todo, lo más grand...