jueves, mayo 06, 2010

«A los que discrepan, les digo que éste es un Gobierno que escucha, que no es un Gobierno, ni lo ha sido ni lo va a ser, de decretazos»

He aquí tres puntos de vista coincidentes respecto al Decretazo que el Gobierno prepara para propiciar la desaparición de los Colegios Profesionales por la vía del 'matarile'. Eso sí, "«A los que discrepan, les digo que éste es un Gobierno que escucha, que no es un Gobierno, ni lo ha sido ni lo va a ser, de decretazos»
1.-LAS PROVINCIAS
Ministerio de Economía: una actitud talibán
El proyecto del Gobierno para acabar con los visados profesionales es analizado críticamente por el autor del artículo. Turégano recuerda que el sistema de colegios funciona bien desde hace más de cincuenta años
06.05.10 - 00:26 -
FRANCISCO JAVIER TURÉGANO GÓMEZ | DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Con motivo de la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva de servicios, y refiriéndose a la Ley Ómnibus, Miquel Roca -reputado jurista y padre de nuestra Constitución- calificaba recientemente la actitud del gobierno respecto al tratamiento contemplado a los colegios profesionales de «frívola e innecesaria», considerando más necesario concentrar los esfuerzos en los graves problemas por los que atraviesa nuestra economía, el mercado laboral, y la credibilidad de nuestro país para atender la deuda internacional. A lo que añadía la más que dudosa constitucionalidad de la decisión de suprimir la colegiación obligatoria.
Sin duda, el tratamiento que el Ministerio de Economía está dando a la liberalización de los servicios profesionales -véase la anunciada supresión de los visados profesionales- debe calificarse de ligero y superficial. La filosofía y música de la directiva de servicios suena bien. ¿Quién se va a oponer a la simplificación de los trámites administrativos, a la reducción de plazos en las autorizaciones, a la eliminación de las duplicidades administrativas, a la arbitrariedad? Absolutamente nadie, y mucho menos los colegios profesionales.
Veamos un ejemplo sencillo: usted va a realizar una obra de cierta relevancia. Para ello, necesita en primer lugar localizar a un profesional competente para que le haga un proyecto con las mejores soluciones técnicas disponibles, que contemple sus necesidades y se ajuste a su presupuesto; necesita también la seguridad jurídica de que la instalación cumple la legislación que le corresponde; necesita garantías de seguridad mientras se ejecuta la misma, garantías económicas contra defectos funcionales y de uso; precisa además identificar un responsable ante posibles fallos y, por supuesto, le vendría muy bien tener un interlocutor en caso de discrepancias. Eso es ni más ni menos lo que ofrece el visado gestionado por los colegios profesionales, veinticuatro horas al día si lo necesita, y sin necesidad de desplazarse, ya que puede hacerse de forma telemática. ¿Y el coste de este servicio? Menos del 0,05% del presupuesto.
Seamos serios; ¿de qué nos está hablando el Ministerio de Economía? ¿De qué nos habla la Dirección General de Política Económica, cuando argumenta que va a aumentar el PIB un 1,5% y 200.000 empleos con la aplicación de la supresión de los visados? Que no cuenten entre ellos con los más de 5.000 empleos de los colegios que están en juego, y mucho menos con los miles de jóvenes recién titulados por la Universidad que comienzan a ejercer por cuenta propia con el ejercicio libre de la profesión. Muy al contrario, la supresión del visado acarrea la falta de cobertura de las pólizas colectivas de seguro de responsabilidad civil que suscriben los colegios, y el intento de disponer de estas pólizas a título individual por un joven recién titulado va a ser prohibitivo por su elevado coste. Esto sí que va a constituir una barrera a la incorporación al mercado laboral de los jóvenes titulados que, dicho sea de paso, es el colectivo que más está sufriendo en este momento. Enhorabuena señora ministra, va camino de romper las estadísticas del paro.
Me sigo preguntando en qué se basa el ministerio para tomar su decisión, aunque nos despachan ahora con un argumentario del proceso de decisión a toro pasado. Y si el ejercicio de las profesiones técnicas no son de su competencia, ¿A quién escucha? A los colegios profesionales, corporaciones de derecho público sin ánimo de lucro -algo que otros no pueden alegar-, desde luego que no. En todo este proceso parece que se nos ha escuchado, pero en absoluto considerado, matiz fundamental siendo parte interesada y cuando del interés general y de la seguridad de las personas se trata.
Hasta dónde llegará la falta de consideración para que un colectivo de profesionales sumiso y normalmente callado, como son los ingenieros y arquitectos de toda España, decida manifestarse unánimemente el próximo día 7 de mayo en Madrid. Hasta dónde alcanza la obcecación de unos pocos, cuyas decisiones pueden acarrear graves problemas de seguridad a los millones de personas y usuarios que utilizamos a diario las instalaciones, obras o edificios proyectados por los ingenieros y visados por los colegios.
Vistas las actuales circunstancias, no queda más que pensar que no es frivolidad de lo que estamos hablando, porque cuando la seguridad de las personas está en juego, el control previo del ejercicio profesional que ejercen los colegios con el visado es más garantista para el interés general y las personas que el realizado a posteriori, como pretende instaurar el Ministerio.
Muy a mi pesar, me inclino a pensar que -más que frívolo- es un comportamiento talibán, ya que destruye un sistema que está funcionado bien desde hace más de cincuenta años y ningunea los argumentos que estamos ofreciendo los representantes de más de 500.000 profesionales de las ramas de la ingeniería y arquitectura y 300.000 estudiantes de toda España. Y lo que es todavía peor: sin ofrecer alternativas.

2.-CINCO DÍAS
Tribuna - Antonio Papell
Un servicio pertinente
Antonio Papell - 05/05/2010
El pasado día 19, este periódico publicó un artículo del presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer, en el que, con cierta displicencia en el tono, previene contra la posibilidad de que el desarrollo reglamentario de la Ley Ómnibus generalice la institución de los visados profesionales.

Se puede entender que quien preside una institución encargada de velar por la libertad de mercado y por la eliminación de rigideces que dificulten la competencia se muestre preocupado por las trabas que pueda encontrar en su camino. Pero el visado, en lo tocante a las profesiones técnicas vinculadas a colegios, no es una figura superflua que pueda despacharse alegremente con cuatro tópicos.

El visado, ligado a la acreditación de la habilitación profesional, tiene pleno sentido en las actividades técnicas y científicas en que la sociedad deba recibir una garantía previa de seguridad. Es el caso de la edificación, las infraestructuras, las instalaciones, la construcción de artefactos, los trabajos científicos, etc., en que una insolvencia profesional puede provocar perjuicios o daños a la personas o a los bienes. De la misma manera que el usuario de la sanidad tiene derecho a exigir que el médico tenga acreditada su profesionalidad mediante una titulación que lo habilita, es lógico exigir que un puente o un edificio exhiban la garantía de que han sido diseñados y construidos por un cuerpo técnico con solvencia bastante y con arreglo a las normas vigentes.

Los colegios profesionales que realizan los visados, y que deberían seguir ejerciendo esta función en el futuro, son instituciones públicas sin ánimo de lucro organizadas democráticamente y capaces de acreditar, en cada caso, la identidad, la titulación y la idoneidad del proyectista, así como la corrección formal de los documentos que forman el proyecto. Además, asumen la responsabilidad junto al ingeniero, por delante de la responsabilidad subsidiaria de la Administración. Y, si existe convenio previo con ésta, el visado puede incluir un proceso de supervisión técnica. En definitiva, el visado es un servicio de control público ejercido por una institución independiente y capacitada, el colegio, y una garantía ante la sociedad de la actuación de los colegiados. Con la ventaja asociada de un seguro de responsabilidad civil a través de pólizas colectivas que suponen un importante ahorro para el cliente final.

No hay, pues, nada de arbitrario ni de oscuro en el visado, que tiene una repercusión económica mínima (el coste representa el 0,03% del proyecto), que se destina al sostenimiento del propio colegio. Y en cualquier caso, las encuestas sociológicas (Sigma Dos en 2010) demuestran que el 74% de los ciudadanos opina que la no obligatoriedad de visar los trabajos de ingeniería perjudicaría la calidad y seguridad de los mismos, en tanto el 92% considera que los colegios de ingenieros han de visar los trabajos técnicos en el ámbito de sus atribuciones.

No es difícil de ver en el artículo del señor Berenguer un hálito de hostilidad contra los colegios profesionales, instituciones vetustas que sin embargo no han perdido con el tiempo un ápice de su sentido ni de su funcionalidad. Porque los colegios no son agregados gremiales de defensa corporativa de un grupo profesional sino asociaciones que, a la par que prestan servicios a los colegiados, velan por el recto desempeño de las actividades profesionales, contribuyen a la evolución y modernización de los sistemas de formación y garantizan la solvencia de sus miembros contra cualquier desafuero aislado. No sólo nominalmente sino asumiendo una responsabilidad colectiva y directa en la defensa del interés colectivo. Las sociedades modernas no se caracterizan por la desagregación y el individualismo de sus miembros sino por la emergencia de potentes y activos grupos intermedios, capaces de articularlas y facilitar su representación social en los distintos planos de la actividad humana. Y los colegios pertenecen a esta categoría: enriquecen al cuerpo social.

Así las cosas, y cuando en el ambiente intelectual de nuestros escenarios sociopolíticos cunde la convicción de la que recesión que padecemos ha sido causa de la falta de regulación y control del sistema financiero, parece un contrasentido negar la conveniencia de que las actividades económicas de toda índole, incluidas las prestaciones profesionales técnicas, estén sujetas a los controles de calidad necesarios.

Antonio Papell. Ingeniero de Caminos y periodista




3.- EL COMERCIO
Los colegios profesionales, contra la Ley Ómnibus
Los colegios profesionales, contra la Ley Ómnibus
06.05.10 - 03:17 -
A. VILLACORTA | GIJÓN.
Ingenieros y arquitectos de toda España saldrán mañana a la calle en Madrid para denunciar que «supondrá un intrusismo tremendo»
Elimina los visados de obras y la colegiación obligatoria
Ingenieros y arquitectos saldrán mañana a la calle en Madrid. Allí están convocados los colegios que agrupan a estos profesionales en toda España para manifestarse contra la Ley Ómnibus que, si no son capaces de remediarlo, supondrá el final de la obligatoriedad de visar las obras salvo en casos muy determinados. En concreto, de los más de 80 supuestos en los que ahora se exige un visado del colegio profesional correspondiente para acometer un proyecto, sólo una decena seguirá siendo obligatorio.
Todo depende de un real decreto que está siendo ultimado por el Gobierno central con motivo de la entrada en vigor de la Ley 25/2009, más conocida como Ley Ómnibus, en la que se establece la modificación de 47 normativas estatales para adaptarlas a la directiva de servicios europea. Y su origen está en una advertencia de la Comisión Nacional de la Competencia, en la que el organismo alertaba de que los visados de los colegios profesionales encarecen los servicios, incrementan los trámites y la demora y entorpecen la actividad empresarial.
«El argumento es que no hay visados similares en la UE y que su supresión supondrá un ahorro muy importante para los empresarios, pero apenas será del 0,03%, que es lo que supone el coste del visado respecto al coste total del proyecto», alegó ayer José Ángel Fernández, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, con 1.890 colegiados repartidos entre Asturias y Galicia.
Es sólo uno de los doce colegios y escuelas de ingeniería asturianos que han suscrito un 'Manifiesto en defensa de la integridad física y seguridad de las personas con el visado profesional' siguiendo los pasos de otras comunidades.
José Ángel Fernández admite, eso sí, que, «con la supresión de los visados, desaparecerá también una fuente de financiación fundamental de los colegios».
Pero el argumento que más pesa a la hora de oponerse frontalmente a la medida es el de la seguridad, porque, para ingenieros y arquitectos, renunciar a visar las obras «supondrá debilitar mucho la calidad de los proyectos».
«El visado es una garantía, un sello de calidad que supone más seguridad, ya que su obligatoriedad asegura que el técnico que proyecta la obra tiene los conocimientos adecuados de acuerdo con su titulación y confirma que la obra cumple con la normativa vigente», añadió Esteban Fernández Rico, al frente del Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de Asturias y León, con 2.600 colegiados.
Otra cuestión que está en el aire es si el borrador del real decreto incluirá también la supresión de la colegiación obligatoria, otro varapalo que «supondría un intrusismo tremendo» y, de nuevo, «la incapacidad de avalar la calidad de los proyectos».

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