LENDOIRO, PRESIDENTE DEL MEJOR DEPOR DE SU HISTORIA.

DI ESTÉFANO, SIEMPRE.

OTRO (ANÓNIMO) QUE ME MANDA A ESTUDIAR.

Anónimo escribe: Acabo de leer un articulo en el ABC sobre como el Ebro "tira" el agua en el mar donde usted hace muchos comentarios.He de decirle señor Guillamón que me parece muy bien que usted considere las necesidades hídricas del ser humano, pero me parece que se olvida de los bienes y servicios que suministra ese agua mediante su ciclo natural. Es usted consciente de los efectos sobre la pesca en el mediterraneo que tendría un trasvase del Ebro? y sobre las playas? Sabe algo de dinamica sedimentaria? de Aportes de nutrientes al oligotrófico mediterraneo. No somos solo vulgares ecologistas los que nos oponemos sino cientificos. Y muchos de Murcia. Su visión ingenieril es limitada. Además se olvida de incluir los costes ambientales en la economía. Segun los estudios dichos costes no hacen más barato el trasvase que la desalación, el problema es que no están incluidos al pagar por el agua. Eso sin contar el estudio de los trasvases realizados en otras regiones del mundo. JAMAS han solucionado el problema. Solo han contribuido a aumentar la demanda. Y si no estudie un poco.

Y mi respuesta es:

Mi querido amigo Anónimo, acabo de leer su comentario y debo decir que no me sorprende en absoluto porque, tratándose de un sesudo ecologista, esto que usted apunta y dice es exactamente lo que todos ustedes dicen basándose en la descalificación de quien estima por oportuno establecer las bases por las cuales la Naturaleza debe estar al servicio del Hombre, y no de un modo salvaje (F. Bacon) sino precisamente porque es al Hombre a quien más le conviene que la Naturaleza se conserve en toda su pureza para su propio beneficio. Otra cosa es que perdamos la cabeza, como a veces parece que gente como usted lo hace, y pensemos que lo importante es precisamente la Naturaleza a despecho, en demasiadas ocasiones, del Hombre. Fíjese que uno de los recurrentes criterios que utilizan ustedes, los nada vulgares ecologistas, es instalar a quien han colocado en el ángulo de la insostenibilidad y del desprecio a la Naturaleza en los límites de la ignorancia. Y es cierto, me considero un gran ignorante pero no en el sentido en que usted lo aprecia sino en que soy un verdadero ignorante de tanto como aprendo y, por tanto, sé. Por eso me parece ridículo que usted me recomiende que estudie más, porque es absolutamente seguro que mis conocimientos son muy superiores a los suyos, ya que usted se identifica como parte del colectivo prisionero en ese nicho intolerante del Ecologismo en donde las cuatro normas universales que son de asunción no sólo por ustedes sino por todos no admiten la práctica de pensamiento alguno que no coincida con esas cuatro o cinco cosas alrededor de las cuales se vigorizan en tozudo flash back. Ustedes se oponen de manera religiosa, y lo siento porque creo que sus razonamientos científicos cuando los arguyen no pasan de ser un canto melodioso para oponerse a todo aquello que signifique progreso. Lo cierto es que el desarrollo económico está por encima de todo, pues piense que, si no fuera así, en Burundi ustedes podrían desatar una fuerte campaña para mentalizar a sus ciudadanos acerca de lo importante que es defender sus flores y sus peces. El desarrollo económico no tiene porqué estar en contra de una necesaria defensa del entorno natural, es decir, es exactamente todo lo contrario de lo que, señor Anónimo, parece apuntar y para eso tenemos un gobierno democrático que se encarga de corregir -con más o menos acierto- los excesos desarrollistas que podían darse a fin de que el confort y el bienestar por un lado y el entorno del gigantesco biotopo universal, en donde, no lo olvide, se desenvuelve también el hombre, permanezca estable.

Con todo, lo que me parece más impertinente de su comentario, educado, eso sí, es volver a la carga acerca de que, fuera de los disciplinados ecologistas-científicos, nadie es capaz de incluir el coste medioambiental en el desarrollo de cualquier proyecto. No es cierto, somos muchos ya los que este importante coste lo tenemos interiorizado, asumido y muy preparado para hacer uso de él a la hora de establecer y analizar todas y cada una de las alternativas posibles, y no sólo la Alternativa Cero, la de no hacer nada y que ustedes llevan siempre por bandera. Pero lo mejor del caso es que ustedes permanecen en el error de manera continuada, no sin cierta dosis de soberbia, de intolerancia: ¡se creen ustedes la propia salvación del mundo! Cómo si no admitir por las buenas que en aquello que usted apunta relativo a la desalación, siempre en comparativa con los trasvases, se mantiene terne en dos cuestiones, las dos a mi juicio trascendentales. En primer lugar, mantienen que el coste del agua trasvasada (en este caso del Ebro y a lo largo del Mediterráneo) resulta ser más cara (fig. 1) que la obtenida por desalación en el supuesto lugar en donde se reclama el agua. Y esto, amigo Anónimo, no es así. Lo he estudiado y no precisamente porque usted me indique que aprenda más, sino porque mis conocimientos alcanzan lo suficiente para que pueda determinar esto, pero no sólo yo sino cualquier individuo interesado en conocer la verdad, sin cadenas retóricas y naturalistas de ningún tipo. Bien, sólo en la cuestión energética, es decir en el propio funcionamiento de una y otra alternativa se obtiene (permítame en este caso que diga lo que usted: ¡aprenda más!) una clara ventaja para el agua trasvasada respecto a la desalinizadora, y ello sin tener que reponer membranas cada cinco años.

Fig. 1.- Comparación de costes (cálculos americanos para LCA)


También sería conveniente que usted repasara los conceptos de energía potencial y de presión manométrica para comprobar que 70 atmósferas de presión a cota cero son equivalentes a unos 700 metros de altura sobre el nivel del mar. Esto, sin duda, podría mejorar sus conocimientos. Además, y aquí está lo mejor, lo más trascendental para discernir entre una y otra alternativa, tiene que ver con ese capítulo tan actual (¡y tan real!) que es el muy mal denominado cambio climático (deberíamos llamarlo 'cambio antrópico, para entendernos) al que ustedes, sin piedad, apelan de modo muy sectario para justificar sus juicios que, bajo el ropaje del científico, parecen en algunos casos más bien salidos de un código fundamentalista. En este sentido me dejaré de zarandajas para recomendarle fervientemente que se imponga en el conocimiento de la muy moderna técnica LCA (en español, Análisis del Ciclo de Vida) que tiene por objeto valorar ambientalmente cualquier proyecto que afecte a Naturaleza (¡todos!) de un modo científico e integral, esto es, “desde la cuna hasta la tumba”, en la cual se recogen todas las manipulaciones necesarias para lograr el objetivo proyectado a lo largo y ancho de la vida del proyecto, aun considerando las fases sucesivas de construcción, explotación y mantenimiento. En el caso de la desalación, y frente a las trasferencias hidráulicas, la comparación demuestra que indudablemente éstas son casi seis veces más ecológicas que en los supuestos de desalación. Y para que, Sr. Anónimo, usted pueda comprobarlo le adjunto cuadro justificativo (cosas de americanos, californias y tal) de todo lo anterior

Figura 2. Potencial de contribución al calentamiento global según alternativas


Observo que cuando usted, sr. Anónimo, opina que mi visión ingenieril es limitada, carece de bastante razón. La ingeniería moderna tiene por norma desarrollar sus prácticas de acuerdo con la Sostenibilidad, pero no con la Sostenibilidad según la entienden ustedes, severos conservacionistas, sino como debe, en realidad, entenderse, esto es, como la sabia combinación de los tres factores que organizan nuestra vida en el Planeta, a saber: desarrollo económico, estado del bienestar, y conservación del patrimonio cultural y ambiental. Y así funcionamos, los ingenieros. Por eso le recomiendo a usted que amplíe sus conocimientos en materia ingenieril porque en la totalidad de los casos nuestra acción es científica, función directa de la ciencia bien interpretada que tiene por objetivo mejorar la técnica siempre en función de la mejora de las condiciones de vida del ciudadano. Y también de los peces, de las sardinas y los arenques, incluso de aquéllos que merodean en la cuña salina del delta del Ebro. De todos, pero dígame si yo estoy equivocado cuando establezco mis juicios (con la autoridad que me otorgo y que usted me niega) desde el supuesto científico, cómo no, por el que el Ministerio de Medio Ambiente establece para el caudal ambiental del río Ebro y que lo estima (supongo que incluso tendrá carácter legal) en 135 m³ /seg. A partir de ahí hago mis cálculos (los del ABC) y llego a la conclusión de que, de un modo u otro, y sobre todo en función de una determinada situación trágica en Barcelona, algo de agua dulce estamos desperdiciando en el Mediterráneo. Porque, para mí, no es de recibo que cinco millones de habitantes estén pasando hambre y que esto no pueda resolverse porque desde un punto de vista cualitativo, y por tanto subjetivo, hay quienes dicen que es un sagrado deber del hombre sediento permitir que, pese a ello, toda el agua, absolutamente toda el agua que transporta un río vaya a parar al mar, que es el morir. No tengo en cuenta en este caso, desde luego, los asuntos oligotróficos que usted me recomienda tomar en consideración pues no suponen en este momento preocupación alguna para mí, lo cual no quiere decir que llegado el caso sí me provea de un cierto interés, al igual que estoy interesado por los elementos traza de tan infinitésima dimensión -pero tan importantes para la vida-, y pueda ponerlos debidamente en consideración en algún momento, siempre y cuando hayamos respetado al hombre por encima de todo y me sienta desprovisto de toda perturbación intencionada, supuestamente científica.

Ah, y no lo olvide, el agua es vida allá donde esté, es proveedora de bienestar, y donde no esté será trágico. A los ingenieros nos corresponde, desde luego, hacer que la vida cotidiana de cada ciudadano no sea una constante tragedia. Y para hablar con conocimiento de causa la recomiendo que repase usted (y no sólo escuche) los cálculos y los estudios que figuran en el proyecto derogado del trasvase del Ebro. De su lectura acaso podría exclamar ¡qué pasada, si en realidad las cosas estaban estudiadas¡, y con rigor.

Nota final.-Espero que este rudimentario discurso no le cause excesivo enojo y no llegue, sr. Anónimo, a la conclusión de que estoy en contra de las sardinas, los cangrejos, los nutrientes y las posidonias porque, en realidad, lo que he querido decir es que mientras cinco millones de personas a 100 kilómetros de su fuente de abastecimiento tengan sed, la sardina y el bogavante siempre, siempre, estarán en segunda división (como el real Murcia, si Dios no lo remedia).

Ingenieros de Murcia: «Se han desaprovechado 14.000 hm3 del Ebro»

La Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos de Murcia sostiene que en los últimos cuatro años se han desaprovechado 14.000 hectómetros cúbicos de agua del Ebro, después de destinar un caudal ecológico en la desembocadura de 135 metros cúbicos por segundo, tal como apuntó el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2004. El Colegio que dirige Juan Guillamón emitió ayer un comunicado defendiendo la ingeniería hidráulica y la necesidad de acometer obras de regulación y de interconexión de cuencas.

La Demarcación echó mano de los 36.000 hectómetros cúbicos que ha transportado el Ebro en su desembocadura en la pasada legislatura para señalar que, descontado el caudal ecológico más exigente, «las pérdidas de agua equivaldrían al abastecimiento de más de diez veces la población mundial. Mientras, a algo más de 100 kilómetros hay cinco millones de personas pasando sed», señala en referencia al área metropolitana de Barcelona.Este colectivo alerta «del peligroso retroceso que se vive en el país en la gestión integrada del agua», y denuncia que «el debate en torno al agua está quedando anclado en luchas políticas y jurídicas en las que han crecido los s

Juan Guillamón, decano de los ingenieros de caminos. / J. LEAL

entimientos de patrimonialización territorial. Así, en este contexto se asiste a diario a la pérdida de identidad de los organismos de cuenca, cada vez más relegados ante la presión de las comunidades autónomas». Sostiene la Demarcación de Murcia que han quedado en evidencia los siguientes aspectos:

-El gran error que supone una moratoria en la construcción de obras hidráulicas.-La lamentable falta de regulación en la cuenca del Ebro.

-La ausencia de conexiones intercuencas.

-La innecesaria minusvaloración de las demandas de agua justificada por una distorsionada defensa ambiental.

-Una impropia planificación de explotación de los acuíferos.

-Las medidas de gestión y ahorro, reutilización, organización de regadíos, siendo necesarias, no resultan suficientes.

-La desalinización es un método eficaz para abastecer poblaciones de la costa pero como complemento de otras fuentes. No es viable sin una política de subvenciones contraria al principio de recuperación de costes.

- El gran error de la derogación del trasvase del Ebro. Durante los últimos cuatro años ha arrojado al mar 36.000 hm3, tres veces el volumen ecológico necesario para mantener el Delta.

-Los bancos de agua son ineficaces sin un programa de interconexión de cuencas.

Fenacore pide trasvases

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), por su parte, insistió ayer en que la solución a la sequía existente en España pasa por la realización de trasvases y obras de regulación, aunque «no sin limitación ni a cualquier precio», sino garantizando agua sobrante en las cuencas cedentes. La Federación de Regantes sale así al paso de la polémica suscitada en estos últimos días sobre el trasvase del Segre al Llobregat . También critica la parsimonia en la ejecución de las obras del Pacto del Agua de Aragón.

LOS CONTENIDOS DIGITALES EN MURCIA

Tengo para mí que el orden de prioridad exigido por la generalidad de los ciudadanos en cuanto a su primaria aspiración de colmar sus necesidades es, con aproximación, el siguiente: Uno, buena economía; dos, una cierta corrección gubernamental que garantice las necesidades sanitarias, de educación y de ocio; y, tres, un satisfactorio mimo y cuido a la Naturaleza que dio, da y deberá seguir dando cobertura al gozo y disfrute de nuestras actividades. De otro lado, nada mejor para atinar en los aciertos que apelar a la inteligencia del hombre, para lo cual las reglas de juego deberán estar delimitadas por parámetros objetivos que valoren al genio empresarial como motor del apuntado desarrollo económico (necesario). Así que nos encontramos con un proyecto de extraordinario calado para el futuro de nuestra Región. Un proyecto basado en la aplicación de la más moderna de las tecnologías, esa que tiene por motor la cosa digital. Murcia, no sólo aspira a ser considerada como el Silicom Valley de los contenidos digitales sino que, además, deberá convertirse en una punta de lanza similar a la India en el muy poblado sudeste asiático: ¡los informáticos hindúes son formidables!, acaso los mejores del mundo. Viva pues la informática en toda su extensión. Y qué bien que nuestro gobierno regional aporte fondos financieros para el desarrollo de esta industria digital: casi el 25 % de la inversión prevista tendrá carácter público. Estaremos en lo más alto de la tecnología de punta y es muy posible que en unos años nuestra diversidad económica nos lleve a los primeros lugares del mundo en lo que se refiere a instalaciones específicas, cuyos iconos serán las salas de proyección IMAX, la orgía telemática basada en 3D, las pantallas gigantes, la animación digital, los desarrollos multimedia, los videojuegos, el software, las películas, los documentales y cortometrajes etc... y un sinfín de plazas hoteleras para albergar a quienes se enjaretan en la producción de sonidos e imágenes. Es de suponer que ello no sea con empecimiento de otras actividades muy características de la Región como puede ser la Agricultura, pues ésta se ve amenazada por un futuro pésimo en aportaciones hídricas tal que, de no cambiar las cosas, los huertos de hortalizas y frutales serán convertidos (a no tardar) en esos otros huertos tan de placas silíceas fotovoltaicas y termo solares.

Bajo mi modesto punto de vista de inflador de cables (igual que el patrón de la Damiana) estimo que, en el futuro, la región de Murcia albergará -procedentes de todo el mundo- cientos de intelectuales tridimensionales a los que, en modo alguno y como lo hiciera en su día Stalin, deberemos considerarlos insectos intermedios. Todo lo contrario; cualquier aspecto que tenga que ver con el talento de las personas siempre tendrá ubicación en estas tierras periféricas de la España plural.

JUAN GUILLAMÓN,
Abril2008. La Economía

LA FUGA DEL AGUA

(Cualquier intento, aunque sólo sea intelectual, de los ribereños

por apropiarse del agua que pasa por su río carece de

fundamento moral o legal.
César Cimadevilla.
Ingeniero de caminos)


Los criterios en los que se funda la actual política del Agua, ciertamente, si bien difusos, ya han estado presentes tanto a nivel teórico como práctico durante el último cuarto de siglo. En efecto, los distintos manifiestos realizados por profesionales con competencias hidrológicas y las autoridades políticas con responsabilidades en esta disciplina, han sostenido que el Agua, siendo un input en los procesos económicos, debe ser considerada como un recurso escaso y por consiguiente estimar su uso y aplicaciones de acuerdo con la teoría económica que establece la asignación adecuada de este recurso. Además, y por añadidura, el sometimiento positivo de la sociedad respecto a los criterios medioambientales ha incidido de manera decisiva en la interpretación sostenible del recurso Agua. Sin embargo, ha surgido un nuevo (¿) enfoque hidrológico (y anti-hidráulico) cuya aplicación a las cosas de nuestra península, sin olvidar la singularidad de las islas, pretende imponerse de un modo exagerado. Es el caso de la denominada Nueva Cultura del Agua, cuyas tesis profundamente enraizadas en criterios ecologistas radicales exigen desarrollar prácticas hidrológicas exclusivamente de carácter conservacionista y cuyos resultados, con seguridad, serían nefastos para el desarrollo conveniente de nuestro país.
Bajo el punto de vista clásico del blanco-negro se pueden considerar dos posiciones en la balanza de las cuestiones posibles. De un lado, una gestión del Agua basada en las obras hidráulicas llevada al extremo de aplicar el líquido allá donde su rentabilidad económica sea máxima, sin importar cuestiones tan significativas y respetadas por la sociedad actual como es el mantenimiento de un horizonte ecológico adecuado a las necesidades de un desarrollo sostenible. Por otro, una radical y hasta enloquecida actitud conservacionista capaz de impedir el más mínimo desarrollo por mucho que éste sea compatible con la sostenibilidad democrática ampliamente consensuada. No parece alejado de lo razonable que nuestros gestores políticos se mantengan en un punto central equidistante de ambos extremos. Sí, porque los elementos paradigmáticos que determinan los valores de la revolución -más bien pretendida revolución- que promueve la Nueva Cultura del Agua, en todo caso, y desde luego no de forma tan radical, ya han sido puestos en valor en determinadas zonas en cuanto a la explotación del Agua se refiere. Además -esto es notorio y relevante- el que fue ministro de las obras públicas durante el último mandato socialista, José Borrell, con motivo de la presentación del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrogeológica), allá por el año 1993, en su discurso expresó literalmente: “La tradicional política hidráulica española, vertida a promover la oferta de recursos hídricos como pilar del desarrollo nacional, ha perdido su razón de ser en esta sociedad predominantemente urbana y orientada hacia las actividades terciarias. Si el inicio del siglo XX vio el origen y afianzamiento de la política de oferta de recursos, el final contempla la consolidación de una filosofía, inspiradora de la norma de 1985 (Ley de Aguas), cuyo objetivo fundamental es asegurar el uso eficiente de los recursos hídricos, eficiencia que debe entenderse desde nuestro avanzado nivel tecnológico, con una perspectiva socioeconómica y orientada sustancialmente por la sensibilidad ambiental de nuestra sociedad. Pues bien, este binomio que forman la ejecución de las infraestructuras pendientes y la intensificación de los esfuerzos en la gestión hídrica es lo que constituye la esencia de las actuaciones surgidas de la nueva política hidráulica.”. Y esto es el argumento que justificó el PHN en donde se contemplaban “2.000 Km. de nuevos ríos de aguas limpias” y unas transferencias ínter cuencas de hasta 3.768 Hm3.
La aludida eficiencia en el uso de los recursos hídricos -tan irregulares en el corto plazo- es inabordable si no se dispone de complejas y costosas infraestructuras hidráulicas, y no es menos cierto que esa eficiencia también requiere inexcusablemente una gestión adecuada. Las experiencias del dilatado ciclo de sequía sufrido, incluso de su esperado alivio, corroboran tanto la utilidad de las infraestructuras existentes como las carencias debidas a aquellas otras aún pendientes; las mismas experiencias también evidencian los resultados alcanzados con medidas de gestión. Pues bien, este binomio que forman la ejecución de las infraestructuras pendientes y la intensificación de los esfuerzos en la gestión hídrica es lo que debe constituir la esencia de las actuaciones surgidas de la nueva política hidráulica, y no otra. Continuar las inversiones en infraestructuras hidráulicas, en su más amplio sentido, y progresar en las medidas de gestión aplicadas a nuestras cuencas deberían ser las dos preocupaciones principales en este campo de la responsabilidad pública, entre otras cosas porque consecuencia de todo ello fue la propuesta del Plan Hidrológico Nacional del partido socialista en el año 1993. Y, en efecto, valores tales "como eficiencia en el uso" del agua, "reutilización exhaustiva de los efluentes que proceden de la aplicación muy racional del agua" o "establecimiento de tarifas tendentes a recuperar el coste en las explotaciones hidráulicas", han venido siendo referentes, a la fuerza, en regiones con carencias hídricas estructurales como son las pertenecientes al Levante español. Así, por ejemplo, puede decirse que la región de Murcia ha establecido, pese a su pertinaz sequía, unos usos hídricos de manera muy moderada, pues es bien sabido por todos que la escasez de agua supone una brutal asíntota para el desarrollo de una mínima agricultura muy competitiva y de una adecuación turística que aproveche los recursos naturales, de manera sostenible, en el litoral mediterráneo. A estos efectos, valga decir que la superficie total destinada a regadío en la región murciana apenas supone el 0,37% del territorio nacional y que tal regadío (190.000 Has.) representa el 16,8% del total del territorio de la Región. Aún así, los recursos demandados para el mantenimiento de esta agricultura enormemente competitiva han de buscarse en otras fuentes distintas a los recursos superficiales y subterráneos de la zona. Es necesario recurrir a las transferencias hidráulicas procedentes de otras cuencas distintas a la del Segura. César Cimadevilla Costa, ingeniero, destacado dirigente socialista y quien fue Presidente en funciones de la comunidad de Madrid (1983) se declaró partidario de los trasvases, y a él corresponde esta frase: “La propuesta de transferencias de recursos hidráulicos entre cuencas distintas son el resultado de un largo y complejo proceso de planificación hidrológica”. En esta cuestión resulta muy difícil discrepar de lo dicho por el ingeniero, también socialista. Pero es que, además, remontándonos al año 1993, en el preámbulo que se corresponde con la presentación del PHN (Borrell) se puede leer: “…hoy en día existen conocimientos científicos suficientes para permitir la construcción metódica de una planificación hidráulica, segura en sus fundamentos, coherentes en sus soluciones, deductiva y lógica en su método ejecución”, lo cual, junto a la firmeza con que el ministro Borrell inauguró el Congreso de Ingeniería Civil celebrado en Santander (1991) y en el que textualmente expresó que: “ la política hidráulica inscribe sus coordenadas en el medio plazo, en el horizonte de 20 años. El diseño de un país desde la perspectiva de la utilización de sus recursos hidráulicos se inscribe en plazos de cuarto de siglo. Por lo tanto algo muy alejado de los bandazos, las especulaciones, los golpes de efecto, las expectativas racionales o irracionales…”, nos lleva a preguntarnos qué lejos quedan aquellos tiempos en que los anuncios socialistas respecto a la ciencia hidráulica eran del tenor abierto y dialogante que imponía el ministro Borrell, pues hoy la planificación hidráulica ha sido sustituida por el decreto, como una nueva forma de gobernar que nada tiene que ver con el muy manido y expresado término del consenso, sino más bien con un cambio de actitud bien interesado que tiene por parámetros los intereses políticos muy alejados del propio interés general. En este orden de cosas, no es posible mantener la debida admiración que en tiempo remoto se tuvo de Borrell pues su silencio no es otra cosa que una oposición bien patente a lo que él mismo propuso como medida racional para la corrección de los desequilibrios hidráulicos peninsulares. Y eso, una de dos, o Borrell no estaba en su sano juicio hace quince años o, ahora, es un cínico reconvertido. La vía del decreto ley para derogar obra tan necesaria como el trasvase del Ebro no es lo que corresponde a una inteligencia tan inmaculada como la del anterior ministro de la cosa pública. Y volviendo a repasar la historia hidráulica de los últimos tiempos volvemos a encontrarnos con César Cimadevilla, con él y con el paradigma de su concepción hidrológica que da paso franco al necesario uso de la hidráulica: “la planificación debe quedar en manos del gobierno central. Y no debe romperse la unidad de Cuenca. Fuimos pioneros en adoptar ese criterio que ahora ha asumido la UE. Sería grave que los españoles volviéramos a confundir lo moderno con lo que está de moda”. Pues lo hemos confundido. Probablemente, la cuenca del Ebro es la más adecuada para proceder a una estimación objetiva de sus recursos totales, dando cobertura total a los requerimientos hídricos de la propia cuenca, determinando los parámetros por los cuales se fijaría un caudal ambiental y, en fin, procurando un esmerado respeto a las condiciones de contorno en la biocenosis de las aguas de transición en el Delta, allá en la desembocadura del río. Naturalmente que las determinaciones deben ser objetivas y extraídas del discurso indeleble por el que la gestión del Agua debe estar integrada dentro del ámbito geográfico que la cuenca define. Si bien esta última cuestión no parece, en los tiempos actuales, que pueda materializarse a la vista del puzzle autonómico de la plural España que a unos nos conmueve mientras otros alientan el impulso centrífugo que tiene en el Agua su paradigma, su cuestión prevalente. Un ejemplo que nos pone contra las cuerdas del impropio sentido común es la realidad de un logro estremecedor que sitúa a Aragón en el ‘TOP’ de los disparates hidrológicos: el Estatuto autonómico recientemente revisado y aprobado legislativamente por las Cortes Generales contienen la reserva, para uso exclusivo de los aragoneses, de 6.550 Hm3 de agua. Si aceptamos que en el total de la nación, de la escorrentía total (110.000 Hm3) nuestro sistema hidráulico regula 45.000 Hm3, la media –con su grandeza y su miseria- que correspondería a cada español estaría en torno a los 1.000 m3/hab./año. Legislar o gobernar para que una parte de España se arrogue la propiedad de más de cinco veces la media nacional, hace que no sólo la desviación típica y su propia covarianza se pongan de rodillas sino que todo un sentimiento de inmutable inteligencia se rasgue las vestiduras ante tan implacable y cardinal ataque al proyecto unitario de la España plural, ya destrozada en función de unos intereses políticos sectarios que no paran en mientes con tal de lograr sus objetivos.
Con la derogación del trasvase del Ebro se ha formalizado un itinerario que necesariamente nos lleva a la confrontación entre los distintos gobiernos autonómicos que se ven afectados por tal decisión. Pero lo más sorprendente de todo es que quienes han decidido tal cuestión acusan a los disidentes de procurar una crispación en la convivencia de una ciudadanía absolutamente ajena a todo lo que no sea observar la realidad bajo las coordenadas políticas. Tenemos así que la política hidráulica ha dado paso a una especie de filosofía del sentimiento que, a despecho de sus cánones científicos, estima que el agua y sus riquezas encuentran a sus genuinos propietarios en aquellos que disponen sus asientos en las márgenes de los ríos. Por lo que significa (y ha de significar) la decisión tomada en relación con el Ebro, estamos ante un nuevo campo de batalla muy adecuado para seguir alimentando esta locura centrífuga de la muy quebrada España autonómica. Sin duda, esto puede observarse directamente viendo la reacción que los gobiernos autonómicos han tenido y cuya consecuencia ha sido una elevación del nivel de confrontación verdaderamente enloquecido. Pero es que en materia hidrológica, los criterios ideológicos que inspiran a las distintas opciones políticas se desvanecen para dar paso a los argumentos territoriales que, ahora, son esgrimidos por los líderes políticos regionales a fin de obtener adhesiones a sus respectivos proyectos. La dirección tomada en virtud de las decisiones políticas en esta materia se aleja, más y más, de lo razonable, pues no resulta en modo alguno aceptable someter los objetivos que señala el interés general por otros, más espurios, en donde se prima el interés territorial que, en todos los casos, tiende siempre a beneficiar a unos pocos. Y lo que se invoca interesadamente es la heroica ruptura con los sistemas de gestión del pasado siglo en donde el Medio Ambiente era poco menos que ignorado, pero sucede que lo que ayer era mero aditamento en la gestión hidráulica (lo Ambiental) hoy es prioritario, mientras que lo fundamental de antes, la aplicación del Agua a los usos económicos y sociales, hoy se ha convertido en simple adorno, lo cual no es de recibo, por lo paradójico. No presenta ninguna ventaja volver lo activo por lo pasivo: lo mejor es el equilibrio, limpio de intereses sesgados –manipuladores sin escrúpulos de la técnica, contaminada por la política- en función de lo natural, lo deseable y lo racional. Esto de maniatar las cuestiones científicas, de practicar la tortura implacable a los números y sus cuentas da paso –fatalmente- al imperio de la categoría política que justificará sus cuestiones absolutas con las incertidumbres sobre las que se asienta la propia ciencia.

Ante este estado de cosas cabe preguntarse por la viabilidad del Acueducto Tajo – Segura cuya vida alcanza la considerable edad de 29 años. De un lado, si el proyecto de trasvasar entre el 6 y el 9% de su aportación al mar desde la desembocadura del río más caudaloso de España (Ebro) genera dislates medio ambientales intolerables, entonces, ¿qué decir de determinada transferencia hidráulica en cantidad del 25-30% respecto a su aportación total materializada desde la propia cabecera del río, tal es el caso del río Tajo? En Castilla La Mancha cuentan con un argumento sólido para lograr un éxito territorial más que pretendido. No obstante, y por suerte, esta vez la actitud contradictoria del Gobierno ha puesto freno a las aspiraciones manchegas y de paso aliviar las angustias de los ciudadanos levantinos, en Murcia, Almería y Alicante, cuya total dependencia de las aguas del Tajo resulta ser un asunto vital. Pero el problema sigue latente, durará por siempre, y más si el fraccionamiento del territorio sigue el rumbo actual. Lo curioso de esta situación es que los proponentes políticos siempre tendrán a su disposición un elemento de enganche que a modo de bandera (o banderín, vaya usted a saber qué) sirva de arenga para lograr adhesiones a una causa de corte integral político y cuya llave maestra la constituye el Agua.
Estamos, pues, ante un proceso de desintegración, un proceso que tiene su origen en un decreto ley como sustitutivo radical de todo un ejercicio de planificación; un proceso que tiene en la descomposición de las confederaciones hidrográficas su elemento capital y con el objetivo indeseable de hacer coincidir los límites territoriales con los que determinan el ámbito de todas y cada una de las cuencas hidrográficas. Nuestras confederaciones sindicales hidrográficas son instituciones veteranas en el tiempo y eficaces para la gestión del agua dentro de su ámbito. Los instrumentos de planificación reciben el nombre de Plan Hidrológico de cuenca. Nuestra legislación en materia de Agua ha sido ejemplo a seguir por otras administraciones de países muy desarrollados, por eso resulta muy extraño el camino emprendido en la dirección contraria a nuestra propia historia, la cual en modo alguno es rechazable pues los tiempos han tenido, todos, sus propias particularidades y en adaptación de ellas el Agua ha sido gestionada con indudable acierto. Desde la descomposición de las CHs se pretende llegar a unas (denominadas) demarcaciones hidrográficas cuya característica común es que están delimitadas de acuerdo con las exigencias territoriales de las distintas regiones de España. No sólo eso sino que además, de modo flagrante, existe una agresión disparatada al espíritu de la Constitución en donde de manera sutil se anuncia que el Agua carece de fronteras distintas a las que ella misma delimita en su discurrir. Es el caso del río Guadalquivir cuya cuenca, casi toda ella pero no en su totalidad, discurre por Andalucía. Por eso se ha tomado la decisión política de asignar su gestión a la Junta de Andalucía lo cual es un precedente grave para continuar el camino iniciado que llevará a la descompensación de los criterios hidráulicos aplicables en España. También, el Nalón se transfiere en sus competencias al Principado de Asturias so pretexto de que casi toda su cuenca se halla inmersa en su territorio, quizá el 99 %. Pero esto no es una cuestión cardinal; no se trata de asignar competencias en función de los kilómetros de márgenes que se incluyan en un territorio. No es esto. Para la gestión integral del agua por el Estado siempre será mejor que las decisiones en la materia sean tomadas por una autoridad gubernamental que por la correspondiente de un territorio particular. El Guadalquivir y el Nalón constituyen el punto de partida para que al final, tarde o temprano, la gestión del Agua pueda descender hasta el ámbito provincial, cuando no el municipal.

La derogación del trasvase del Ebro marca un hito, un punto de inflexión, una solución de continuidad torpe en la política tradicional del Agua que en absoluto necesita de tal acción para incorporar los elementos nuevos que han de tenerse en cuenta en la planificación y que ya se han apuntado anteriormente: la cuestión ambiental como restricción previa a toda planificación hidrológica. Un informe de no más de seis folios ha servido para que, mediante la figura de un Decreto Ley posteriormente refrendado por las Cortes, se haya puesto punto y final a las obras que habrían de destinar el agua desde una cuenca con vocación de unidad excedentaria (en cantidad y calidad, incluido el Delta) hasta lugares donde estructuralmente existe un déficit absoluto imposible de corregir si no es mediante transferencias hidráulicas. Pero es que, además, en dicho informe se recogen afirmaciones que son absolutamente falsas y desde la falta de rigor se acusa a los responsables de la redacción del proyecto técnico de eso, de no tener rigor. Veamos:

Las justificaciones expresadas para denostar el trasvase del Ebro constituyen en general un planteamiento falso y prefabricado para llegar a las cifras que se quisieron justificar. En realidad se acercan al menosprecio arrogante respecto al trabajo y a la inteligencia de quienes proyectaron esa obra hidráulica. La obra no se amortiza en 25 años como se propone en el informe, si acaso, y por convención, el período debe fijarse en 50 años como nos enseñan nuestros maestros, advirtiendo además que lo normal sería en todo caso que un gobierno socialista dispusiera para el ciudadano las obras públicas sin amortización alguna (claro que la filosofía europea consagra el sistema capitalista como esencial para el ejercicio de la política común). Como 50 es el doble de 25, se justifica el objetivo de estimar al alza la tarifa propuesta en el proyecto. Se dice, con todo descaro, que no hay estudios geológicos realizados, lo cual es una gran mentira porque los hay y muy específicos. Se afirma que las pérdidas serán del 16% como mínimo y se justifica haciendo notar que las pérdidas del Tajo Segura son del 10% (la circulación en canal tiene pérdidas inferiores al 5%) cuando en realidad el sistema de circulación de las aguas en el ATS es muchísimo más complicado que el previsto para el trasvase del Ebro, del cual se podría afirmar con cierto rigor que no llegarían ni al 5%, tal y como se hubo contemplado en el proyecto, cuestión ésta -la de su contemplación- que también se niega. Respecto al caudal ecológico, la cifra de 135 m³/s parece que se adopta para que los números cuadren porque el proyecto adoptó como caudal 100 m3/s (tal como se dispone en el Plan Hidrológico del Ebro). Por consiguiente, las limitaciones aducidas en relación a los desembalses de Mequinenza y Ribarroja pueden ser ampliamente criticadas por el más modesto de los técnicos hidráulicos. Respecto a las negativas que se han arguyeron -con reiteración- por parte de “Bruselas”, lo cierto es que no fueron tales. Si acaso, las prevenciones típicas de funcionarios escrupulosos en la interpretación de las Directivas Europeas. Por eso, la Exposición de Motivos que precedió al Decreto de Derogación del Trasvase del Ebro produjo el enojo de todos los profesionales que hubieron participado, de una o de otra forma, en la planificación que tuvo por objetivo ese trasvase. Y algo que, por lo paradójico, es más grave, esto es, la falta de respeto hacia los criterios medioambientales por parte del MIMAM al llevar al Parlamento los documentos necesarios para la derogación precisamente el mismo día en el que aparece en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la Directiva relativa a la evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, eludiendo de esta forma y de modo indecente la preparación de "un informe medioambiental que contenga información pertinente determinando, describiendo y evaluando las posibles repercusiones medioambientales significativas de la ejecución del Programa A.G.U.A. y sus alternativas razonables teniendo en cuenta los objetivos y el ámbito geográfico del plan o programa. Los estados miembros deben comunicar a la Comisión toda medida que emprendan sobre la calidad de los informes medioambientales”. Y todo lo anterior sin haber incorporado al Derecho Español la directiva europea específica en la que se obligaba a los Planes y Programas de obras la ejecución previa de un Estudio de Impacto Ambiental Estratégico. De la pericia y sagacidad de la ministra Narbona nada que decir excepto que es difícil aceptar el argumento por ella esgrimido de que “presentaría, no obstante, en Bruselas el correspondiente Estudio Ambiental Estratégico” para justificar su programa alternativo al trasvase del Ebro que denominó con indudable agudeza PROGRAMA AGUA. Algunos, empero, nos preguntamos, ¿y si hubiera resultado negativo ese Estudio, qué habría pasado con el Programa? Pues hacerles el juego a lo más radical del ecologismo, valiéndose de ellos e incurriendo en una execrable contradición ambiental: primero ejecuto y, después, justifico (a toda costa).

¿Qué respeto merece quien utiliza argumentos sutiles a favor la defensa de quienes hacen (por ejemplo) de la Malacología su catecismo, al tiempo que desprecia los procesos administrativos aplicables en el respeto al Medio Ambiente? Poco, casi ninguno. Aun así, quizá sería muy provechoso el inicio de la muy anunciada reforma de la Ley de Aguas de 1985.

(El Noticiero)

UNA DEROGACIÓN PERVERSA

Un cúmulo de mentiras, medias verdades y manipulaciones sin cuento se utilizó para desterrar de la plural España el trasvase del Ebro. Al punto de producirse tal derogación (junio, 2004) estaban concluidos los proyectos constructivos de la mayor parte de los tramos, incluso de aquéllos con plazos de redacción más largos (túneles). El resto tenía el grado de ejecución necesario para concursar las obras en los plazos prefijados, y estaba licitada la adjudicación de tuberías para el trazado por un importe de 1.500 M€. Además había obras iniciadas en Vinaroz, Fuente la Higuera, Archena y Huércal-Overa.
En relación con la pretendida negativa de la UE al proyecto, la facción socialista interesada por la derogación manipuló sin escrúpulos sus propias noticias. En toda declaración, siempre, por parte de la tan inteligente como perversa (en sentido político, naturalmente) ministra Narbona, el argumento repetido tuvo por referente la negativa de la UE a financiar las obras del dispositivo hidráulico. Pero la realidad es que el pronunciamiento de la UE respecto del trasvase únicamente se hubiese producido, oficialmente, una vez resuelto el expediente de solicitud de ayudas que, por cierto, ya estaba en tramitación. Hubo, eso sí, informes espurios internos de unidades o funcionarios que no intervenían en dicha tramitación, todos ellos realizados con clara intencionalidad electoralista días antes de las elecciones del 14-M y coincidiendo con los inicios de las obras. Entonces, el propio Comisario de Política Regional hizo un comunicado desautorizando aquellos intentos que, invocando a la propia UE, pretendían boicotear el proyecto. La cuestión ambiental fue esgrimida de modo sectario y de acuerdo con los intereses políticos de quienes estaban por la labor de obstaculizar las obras, pero los estudios habidos en USA (Narbona en un principio pretendió argumentar que la experiencia de EEUU favorecía sus intenciones, lo cual era extraordinariamente inexacto) siguen advirtiendo que existen muchas incertidumbres respecto del impacto ambiental asociado al uso intensivo de la desalación, tales como los efectos sobre la biocenosis marina en la mecánica de la captación, filtración, posterior vertido de materia orgánica al mar, reactivos etc.. En los estudios realizados por el MIMAM estos posibles efectos se ignoran o minimizan sin análisis científico riguroso. La actitud política del actual gobierno contrasta con la feroz crítica ambiental que se hizo de las obras del trasvase. En todos los estudios de viabilidad realizados sobre alternativas de recursos hídricos basados en el Análisis de Ciclo de Vida (LCA), la opción de desalación resulta la de mayor intensidad energética y la que emite por m3 más GEIs, debido tanto al consumo propio de energía como a la reposición de las membranas osmóticas, cuya vida útil en los casos más favorables es de 5-10 años.
A despecho de los impactos del Cambio Climático, sorprende haber optado por una solución que exige mayor consumo de energía. En efecto, en el Anejo Energético correspondiente al Proyecto del Trasvase del Ebro se justifica un consumo medio de 2,2 Kwh./m3 para el agua trasvasada, mientras que los datos que maneja ACUAMED en el Programa AGUA, para la desalación, es de 3,75 Kwh./m3, y el IDAE estima como valor actual 3,5 Kwh. + 0,5 de impulsión, previendo que -para cuando se mejoren las instalaciones- tal cifra podría bajar hasta 3,2 Kwh./m3. El funcionamiento de las desaladoras en época estival (puntas de consumo energético y caída en la producción hidroeléctrica) ya han causado problemas de suministro. En la actualidad, ninguna de las desaladoras construidas, y aun proyectadas, están funcionando atizadas por energías de corte renovable si bien, en todo caso, las medidas de fomento de la energía renovable serían tan aplicables a la desalación como al derogado trasvase.
La cancelación del trasvase del Ebro ofrece un confuso horizonte para aquella política hidráulica que determina, para el Agua, la ausencia de fronteras administrativas. Es el punto final a la ejemplar historia en la gestión del Agua en España que por cierto, según el Libro Blanco (1999), se anticipa a la Directiva Marco (2001) al considerar que la gestión basada en la oferta y con la restricción previa que supone la opción de mantener un Medio Ambiente aceptable, sustituye a aquella otra en donde la demanda obligaba a la construcción de artilugios hidráulicos ad hoc. Asuntos tan sensibles como es el mantenimiento del Tajo-Segura quedan condicionados intelectualmente de tal forma que es posible que a corto plazo la gestión unitaria del agua sea un asunto trasnochado históricamente: ¡la cuestión territorial, por desgracia, se ha impuesto¡
Y qué decir de Aragón, opuesta a las transferencias de agua en la desembocadura del río Ebro, lejos de los límites de su territorio, pues resulta difícil compadecer dos posturas tan contradictorias: de un lado, considerar improcedente la detracción de 1.150 hm³ en la desembocadura y, de otro, reservar para uso y disfrute de los propios aragoneses la cantidad de 6.550 hm3 ¿Para qué?