Un cúmulo de mentiras, medias verdades y manipulaciones sin cuento se utilizó para desterrar de la plural España el trasvase del Ebro. Al punto de producirse tal derogación (junio, 2004) estaban concluidos los proyectos constructivos de la mayor parte de los tramos, incluso de aquéllos con plazos de redacción más largos (túneles). El resto tenía el grado de ejecución necesario para concursar las obras en los plazos prefijados, y estaba licitada la adjudicación de tuberías para el trazado por un importe de 1.500 M€. Además había obras iniciadas en Vinaroz, Fuente la Higuera, Archena y Huércal-Overa.
En relación con la pretendida negativa de la UE al proyecto, la facción socialista interesada por la derogación manipuló sin escrúpulos sus propias noticias. En toda declaración, siempre, por parte de la tan inteligente como perversa (en sentido político, naturalmente) ministra Narbona, el argumento repetido tuvo por referente la negativa de la UE a financiar las obras del dispositivo hidráulico. Pero la realidad es que el pronunciamiento de la UE respecto del trasvase únicamente se hubiese producido, oficialmente, una vez resuelto el expediente de solicitud de ayudas que, por cierto, ya estaba en tramitación. Hubo, eso sí, informes espurios internos de unidades o funcionarios que no intervenían en dicha tramitación, todos ellos realizados con clara intencionalidad electoralista días antes de las elecciones del 14-M y coincidiendo con los inicios de las obras. Entonces, el propio Comisario de Política Regional hizo un comunicado desautorizando aquellos intentos que, invocando a la propia UE, pretendían boicotear el proyecto. La cuestión ambiental fue esgrimida de modo sectario y de acuerdo con los intereses políticos de quienes estaban por la labor de obstaculizar las obras, pero los estudios habidos en USA (Narbona en un principio pretendió argumentar que la experiencia de EEUU favorecía sus intenciones, lo cual era extraordinariamente inexacto) siguen advirtiendo que existen muchas incertidumbres respecto del impacto ambiental asociado al uso intensivo de la desalación, tales como los efectos sobre la biocenosis marina en la mecánica de la captación, filtración, posterior vertido de materia orgánica al mar, reactivos etc.. En los estudios realizados por el MIMAM estos posibles efectos se ignoran o minimizan sin análisis científico riguroso. La actitud política del actual gobierno contrasta con la feroz crítica ambiental que se hizo de las obras del trasvase. En todos los estudios de viabilidad realizados sobre alternativas de recursos hídricos basados en el Análisis de Ciclo de Vida (LCA), la opción de desalación resulta la de mayor intensidad energética y la que emite por m3 más GEIs, debido tanto al consumo propio de energía como a la reposición de las membranas osmóticas, cuya vida útil en los casos más favorables es de 5-10 años.
A despecho de los impactos del Cambio Climático, sorprende haber optado por una solución que exige mayor consumo de energía. En efecto, en el Anejo Energético correspondiente al Proyecto del Trasvase del Ebro se justifica un consumo medio de 2,2 Kwh./m3 para el agua trasvasada, mientras que los datos que maneja ACUAMED en el Programa AGUA, para la desalación, es de 3,75 Kwh./m3, y el IDAE estima como valor actual 3,5 Kwh. + 0,5 de impulsión, previendo que -para cuando se mejoren las instalaciones- tal cifra podría bajar hasta 3,2 Kwh./m3. El funcionamiento de las desaladoras en época estival (puntas de consumo energético y caída en la producción hidroeléctrica) ya han causado problemas de suministro. En la actualidad, ninguna de las desaladoras construidas, y aun proyectadas, están funcionando atizadas por energías de corte renovable si bien, en todo caso, las medidas de fomento de la energía renovable serían tan aplicables a la desalación como al derogado trasvase.
La cancelación del trasvase del Ebro ofrece un confuso horizonte para aquella política hidráulica que determina, para el Agua, la ausencia de fronteras administrativas. Es el punto final a la ejemplar historia en la gestión del Agua en España que por cierto, según el Libro Blanco (1999), se anticipa a la Directiva Marco (2001) al considerar que la gestión basada en la oferta y con la restricción previa que supone la opción de mantener un Medio Ambiente aceptable, sustituye a aquella otra en donde la demanda obligaba a la construcción de artilugios hidráulicos ad hoc. Asuntos tan sensibles como es el mantenimiento del Tajo-Segura quedan condicionados intelectualmente de tal forma que es posible que a corto plazo la gestión unitaria del agua sea un asunto trasnochado históricamente: ¡la cuestión territorial, por desgracia, se ha impuesto¡
Y qué decir de Aragón, opuesta a las transferencias de agua en la desembocadura del río Ebro, lejos de los límites de su territorio, pues resulta difícil compadecer dos posturas tan contradictorias: de un lado, considerar improcedente la detracción de 1.150 hm³ en la desembocadura y, de otro, reservar para uso y disfrute de los propios aragoneses la cantidad de 6.550 hm3 ¿Para qué?
En relación con la pretendida negativa de la UE al proyecto, la facción socialista interesada por la derogación manipuló sin escrúpulos sus propias noticias. En toda declaración, siempre, por parte de la tan inteligente como perversa (en sentido político, naturalmente) ministra Narbona, el argumento repetido tuvo por referente la negativa de la UE a financiar las obras del dispositivo hidráulico. Pero la realidad es que el pronunciamiento de la UE respecto del trasvase únicamente se hubiese producido, oficialmente, una vez resuelto el expediente de solicitud de ayudas que, por cierto, ya estaba en tramitación. Hubo, eso sí, informes espurios internos de unidades o funcionarios que no intervenían en dicha tramitación, todos ellos realizados con clara intencionalidad electoralista días antes de las elecciones del 14-M y coincidiendo con los inicios de las obras. Entonces, el propio Comisario de Política Regional hizo un comunicado desautorizando aquellos intentos que, invocando a la propia UE, pretendían boicotear el proyecto. La cuestión ambiental fue esgrimida de modo sectario y de acuerdo con los intereses políticos de quienes estaban por la labor de obstaculizar las obras, pero los estudios habidos en USA (Narbona en un principio pretendió argumentar que la experiencia de EEUU favorecía sus intenciones, lo cual era extraordinariamente inexacto) siguen advirtiendo que existen muchas incertidumbres respecto del impacto ambiental asociado al uso intensivo de la desalación, tales como los efectos sobre la biocenosis marina en la mecánica de la captación, filtración, posterior vertido de materia orgánica al mar, reactivos etc.. En los estudios realizados por el MIMAM estos posibles efectos se ignoran o minimizan sin análisis científico riguroso. La actitud política del actual gobierno contrasta con la feroz crítica ambiental que se hizo de las obras del trasvase. En todos los estudios de viabilidad realizados sobre alternativas de recursos hídricos basados en el Análisis de Ciclo de Vida (LCA), la opción de desalación resulta la de mayor intensidad energética y la que emite por m3 más GEIs, debido tanto al consumo propio de energía como a la reposición de las membranas osmóticas, cuya vida útil en los casos más favorables es de 5-10 años.
A despecho de los impactos del Cambio Climático, sorprende haber optado por una solución que exige mayor consumo de energía. En efecto, en el Anejo Energético correspondiente al Proyecto del Trasvase del Ebro se justifica un consumo medio de 2,2 Kwh./m3 para el agua trasvasada, mientras que los datos que maneja ACUAMED en el Programa AGUA, para la desalación, es de 3,75 Kwh./m3, y el IDAE estima como valor actual 3,5 Kwh. + 0,5 de impulsión, previendo que -para cuando se mejoren las instalaciones- tal cifra podría bajar hasta 3,2 Kwh./m3. El funcionamiento de las desaladoras en época estival (puntas de consumo energético y caída en la producción hidroeléctrica) ya han causado problemas de suministro. En la actualidad, ninguna de las desaladoras construidas, y aun proyectadas, están funcionando atizadas por energías de corte renovable si bien, en todo caso, las medidas de fomento de la energía renovable serían tan aplicables a la desalación como al derogado trasvase.
La cancelación del trasvase del Ebro ofrece un confuso horizonte para aquella política hidráulica que determina, para el Agua, la ausencia de fronteras administrativas. Es el punto final a la ejemplar historia en la gestión del Agua en España que por cierto, según el Libro Blanco (1999), se anticipa a la Directiva Marco (2001) al considerar que la gestión basada en la oferta y con la restricción previa que supone la opción de mantener un Medio Ambiente aceptable, sustituye a aquella otra en donde la demanda obligaba a la construcción de artilugios hidráulicos ad hoc. Asuntos tan sensibles como es el mantenimiento del Tajo-Segura quedan condicionados intelectualmente de tal forma que es posible que a corto plazo la gestión unitaria del agua sea un asunto trasnochado históricamente: ¡la cuestión territorial, por desgracia, se ha impuesto¡
Y qué decir de Aragón, opuesta a las transferencias de agua en la desembocadura del río Ebro, lejos de los límites de su territorio, pues resulta difícil compadecer dos posturas tan contradictorias: de un lado, considerar improcedente la detracción de 1.150 hm³ en la desembocadura y, de otro, reservar para uso y disfrute de los propios aragoneses la cantidad de 6.550 hm3 ¿Para qué?
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