¿Debería
el Colegio aplicar normas de buena fe para defender nuestra profesión y la
seguridad de los proyectos de ingeniería? Esta es la cuestión y así lo hizo en el
desafortunado asunto de los egresados –vía Italia- de la Escuela de Alicante.
Antes de nada habrá que discernir entre los titulados por la Escuela de
Alicante, una vez, ésta, homologada oficialmente para cursar los estudios de
ingeniería de caminos y los que lograron el título mediante el atajo proveído
por la Universidad de Alicante para, con un título no oficial y pintoresco, de
referente la Ingeniería Civil, salir a la palestra. Aquéllos son reconocidos
por el Colegio sin cautela alguna y estos, no. No, por la sencilla razón de que
existe constancia de que, habiendo cursado la carrera de ITOP, se han valido de
la estratagema (por aquello de lo astuto y artificioso) de simular el curso de
determinadas asignaturas en Italia, tomando como referencia las cursadas en
Alicante y contenidas en esos cursos de invención alicantina, mediante los que
se obtenía el título de Ingeniero Civil, cuyo valor oficial es nulo en términos
académicos a los efectos de homologar méritos con esos otros méritos académicos
que dan con un título oficial reconocido por todos, tal es el de ICCP. El
Colegio, alarmado por el rumbo que tomaban las cosas, comprobando de facto que
las asignaturas del ciclo alicantino eran convalidadas sin tapujos por esa
universidad de Italia, conocida como “Laurea
quinquenale/specialista en Ingeniera Civile” y, por demás, en número
superior al que debe ajustarse el sistema de convalidaciones, optó por lo que
obligatoriamente se ha de actuar conforme a sus estatutos y reglamento: negar
la colegiación a estos intrépidos ingenieros tan audaces que hicieron posible
hacer realidad aquello de que ‘todos los caminos conducen a Roma’, si bien en
este caso la ciudad mediadora fue Ancona. La
justificación de esta acción colegial se vio atizada, además, por la
constatación de que en el título propio alicantino no se observada, de entrada,
el requerimiento formal del Proyecto Fin de Carrera. En fin, era necesario
tapar esta especie de tronera por la que algunos se colaban entre nosotros, sin
que quisiéramos aceptarlos, no precisamente para causarles un daño moral y sí
porque nuestro prestigio y, sobre todo, dignidad, no son cosa de ponerlos en
entredicho. Ese prestigio, y esa dignidad, que son tan necesarios para que la
práctica de la ingeniería disponga de las precisas seguridades que la sociedad
merece.
La
justicia, esa justicia que, en ocasiones, es incapaz de interpretar más allá de
la mera textualidad de la normativa (Srs. Jueces, también es conveniente
ponerse a pensar; por ejemplo, ¿han comprobado fehacientemente que los señores
rechazados y finalmente colegiados han estado en Italia o no?) decidió que el
Colegio debería colegiar a estos señores. Y así se hizo, por mandato legal. De
lo cautelar hemos pasado a lo oficial. Tengo la completa seguridad de que todo
el conjunto de ingenieros de caminos; nosotros, los veteranos; aquellos que
ingresaron en su día, tras unos cuantos años de esfuerzo; la totalidad de los
titulados en los distintos planes y en las distintas escuelas de nuevo cuño,
erigidas acuciadas por la demanda que una España democrática y avanzada exigía;
los nuevos, los egresados de modo oficial por Alicante, todos, aborrecerían
este sistema tan audaz por el que unos cuantos han conseguido convertirse en
ingenieros de caminos, pasando por encima del criterio, reglado criterio, del
Colegio. Y lo peor del caso es que, ahora, estos señores de los que sabemos han
hecho uso de un truco burdo y
maniobrero, no solo se cuelan entre nosotros sino que nos sacan los cuartos.
Que todo el conjunto de colegiados sepa esto: Intrusos, demasiado intrusos (de acuerdo
con nuestras normas), se meten en nuestra casa y además nos quitan el dinero. No resultará extraño si no son bien recibidos en lo
que respecta al ánimo con el que el Colegio ha tenido que admitirlos, por mucho
que la Justicia (¿qué justicia, la integrada por el conjunto de todos los
jueces, la que sostienen unos y no otros ó la que interpreta ese determinado
juez que ha obviado los atajos que han hecho unos falsos italianos quienes por
no pisar ni han pisado el suelo italiano?).
Vaya, una cosa es aceptar los veredictos
que proceden de la administración de la Justicia y muy otra estar de acuerdo
con ellos. Es éste el caso paradigmático que demuestra la prevalencia de lo
anterior.
Estando el Colegio sometido a la Crisis
por varios caminos, la debacle económica, la ausencia de inversiones en
infraestructuras, la perversa actitud política del Gobierno desautorizando el
Visado de los proyectos, se ha visto obligado a realizar un doloroso ERE y ha
recortado hasta lo más mínimo los servicios que tradicionalmente ha venido
dando. Para rematar la situación, unas decenas de intrusos ingenieros (no
intrusos judiciales) se nos meten dentro y, a despecho de que no son aceptados,
nos piden y tenemos que darle dinero. Esto es increíble: entran en una casa que
no es suya y ¡se llevan el dinero!
Señores de la “Laurea
quinquenale/specialista en Ingeniera Civile”, sería posible que estos
aguerridos ingenieros, los de la puerta de atrás, pudieran demostrar sus
conocimientos ingenieriles, allá en Italia, no aquí.
Durante estos últimos años, el Colegio
ha hecho todo lo que puede exigírsele que haga, pero contra determinadas
interpretaciones de las leyes nada puede alegarse si éstas provienen de donde
proceden: de un juez que ama apasionadamente la letra (¿qué letra?) pero que
desprecia lo confuso de su aplicación. Y, denle gracias a Laurea quinquenale/specialista en
Ingeniera Civile esos intrusos a los que habrá de abonárseles 30.000 €
a cada uno. Que se lo repartan. En fin, Ignoro si es factible que en este
Boletín, a los efectos informativos, pudiera expresarse el nombre y apellidos
de estos señores a los que con el debido desprecio me he referido.
Juan Guillamón Álvarez
Col. 5828
