El AGUA SÍ TIENE FRONTERAS: LAS AUTONÓMICAS

El Consejo de Gobierno nacional acaba de aprobar dos Reales Decretos que hacen referencia a la política hidráulica. En su insostenible e inexplicable huida hacia adelante, el Gobierno ha dado un paso más, casi decisivo, en su lucha contra las normas adecuadas a los tiempos actuales (léase, prioridad a la conservación del Medio Ambiente -nada que objetar-), que son producto de la ruptura con los sistemas de gestión del pasado siglo en donde el Medio Ambiente era poco menos que ignorado. Pues eso, lo que ayer era mero aditamento en la gestión hidráulica (lo Ambiental) hoy es prioritario, mientras que lo fundamental de antes -la aplicación del Agua a los usos económicos y sociales, hoy se ha convertido en simple adorno, lo cual no es de recibo, por lo paradójico. No presenta ninguna ventaja volver lo activo por lo pasivo: lo mejor es el equilibrio, limpio de intereses sesgados –manipuladores sin escrúpulos de la técnica, contaminada por la política -en función de lo natural, lo deseable y lo racional. En el primer Decreto se da paso (siempre invocando a la santa Directiva del Agua, manipulada e interpretada de acuerdo con intereses ajenos a la bondad de las cosas) a la constitución de las Demarcaciones Hidrográficas que dan fin a 88 años de gestión eficaz a través de las Confederaciones Hidrográficas. De esta manera -no de algún modo, sino totalmente- se da vía libre a la intervención de las Comunidades Autónomas en la gestión de SU Agua, de tal manera que el esfuerzo por establecer la gestión de las aguas –superficiales, subterráneas, de transición y marinas- dentro de los límites territoriales de las distintas Comunidades se ve recompensado con la aparición de este par de Decretos que fulminan aquel principio, al parecer inmutable, de que el agua no tiene fronteras. Las Autoridades Competentes (objeto del otro Decreto) en materia de agua provendrán, a partes iguales, de la Administración Central y de la Autonómica. Las antiguas confederaciones hidrográficas peninsulares (en número de 10) dan paso a 25 demarcaciones hidrográficas que, descontadas las insulares, Ceuta y Melilla, constituyen, en número de 15, la nueva división hidráulica de la España comunitaria. Tal decisión resulta muy beneficiosa para aquellos territorios en cuyos estatutos se ha producido algún tipo de blindaje hídrico, como es el caso de Andalucía y de Aragón (la reserva de agua figurada en su estatuto, supone cuatro veces la dotación media a nivel nacional: Narbona, haz algo, coño). Además, el nuevo sentido de la política hidráulica servirá de escudo fenomenal para las aspiraciones del gobierno de Castilla La Mancha de terminar, de una vez por todas, con esa faraónica (de eso nada) obra que es el Trasvase Tajo Segura.
Estando en preparación, además, el Reglamento de Planeamiento Hidráulico, en él se ha tomado la providencia (nefasta, acaso) de definir el “caudal ecológico” en términos ambientales, tal que su determinación tiene que ver con el aseguramiento de la vida piscícola. Los mediterráneos podremos, sin duda, descojonarnos con tal intención normativa, pues nuestros ríos no son ríos que van a parar al mar, sino rieras y ramblas cuya característica principal es precisamente la ausencia de agua. Quizá debiera intentarse legislar mediante dos tipos de caudales ecológicos: caudal estival y caudal invernal, naturalmente ambos ecológicos. Es una idea (estúpida).

A todo esto, España en la cola de los países firmantes del protocolo de Kyoto. El actual 52% por encima de las emisiones de 1990 hace poco menos que imposible alcanzar ese límite del 15% en el 2010 ¿Qué doble lectura hacen nuestros políticos gobernantes respecto al medio ambiente? ¿Será éste un mero elemento político para atizar al enemigo, hoy enfrentado al ayer amigo por asuntos de agua? ¿Es el agua, para Valencia y Murcia, infinita? y ¿Qué tendrán en común los landers alemanes con las regiones españolas, siendo éstas tan distintas en su disposición de agua, cuando aquéllos, los alemanes, disponen de recursos hidráulicos similares entre sí y por tanto es posible incardinar las políticas del agua a los límites territoriales?

Me temo que, en el caso de Murcia, lo que el Gobierno nos tiene preparado es poner en tela de juicio las verdaderas necesidades que tenemos en materia de agua. Así, el Secretario General (o lo que sea) para la Biodiversidad, Antonio Serrano, ha firmado un Convenio con el Colegio de Geógrafos para, a la luz de la biodiversidad y de sus rotuladores de colores, determinar cuál es nuestra situación real, como si cada uno de los habitantes de esta periférica región no supiéramos el límite de nuestras superficies regables, el monto de nuestra industria, nuestra explosión demográfica y nuestras necesidades ecológicas. Entonces, ¿a qué vino mi mediana y serena indignación, allá por el año 96, cuando la ministra del ramo, Isabel Tocino, se despachó en su primera visita Murcia con aquello de que había que estudiar más? Los geógrafos y Antonio Serrano darán con la solución. Eso sí: en colores… y con peces.

(LA VERDAD, 28.02.07)