EL ESPESOR DE UN PAPEL DE FUMAR

Durante el discurso de Ramón Luís Valcárcel, con motivo de su investidura como reiterado presidente de nuestra Región, andaba yo dándole vueltas a mi caletre respecto a que, ahora, en esta plural España sería bueno –incluso, lo mejor- que los pactos a realizar en aquellas regiones en donde los partidos nacionalistas, radicales y no tanto, disponen de resortes oportunos y suficientes para inclinar el gobierno de sus cosas hacia los horizontes centrífugos de la plurinacional nacional no controlada, deberían concentrarse en actitudes de entendimiento entre los dos grandes partidos nacionales: PSOE y PP. Y qué gran ejemplo sería para todos los españoles que no sólo en Navarra sino en Baleares y Canarias la gobernabilidad de los territorios recayera en un gobierno mixto –y acaso sorprendente- de socialistas y populares. España sería, entonces, territorio nacional.
En esto que una dama de indisimulado atractivo pasa por mi lado, y como fuese que trompicó ligeramente conmigo, pidió educadamente disculpas. No las merece –contesté, gratamente sorprendido por lo poco común que la educación tradicional en estos casos dispone-. ¿Es usted, además de guapa y atractiva, alguna de esas señoras, por razón de cupo o de lo que sea, que han de ser directora general o similar en el próximo gobierno que está por ver? –de sopetón, le dije-. En absoluto –repuso, mostrando todo su atractivo- yo soy la jefa de prensa del TSJ (Tribunal Superior de Justicia para los no iniciados). Tal y como están las cosas, me vi obligado a formularle la siguiente advertencia: “Mire, puede registrarme si lo desea, pero no llevo ni un solo expediente encima”. Su respuesta, silenciosa, no tuvo otro objetivo que el de aceptar ni ironía.

El caso es que el desplazamiento desde el ambiente desacralizado de San Esteban hasta el pulmón del Campo de Cartagena, que no es otro que el municipio de Torre Pacheco, para mí fue obligado. He sentido pena, constante, cuando desde los minaretes políticos se ha echado mano de la Justicia del modo más sectario y cruel, porque creo que la jurisprudencia ha de estar al servicio del ciudadano y no precisamente de las facciones políticas. Reconocerá el lector (si acaso, y por suerte, tuviera alguno) que en esto tengo razón. Politizar la justicia, o judicializar la política, a nada bueno conduce: los franceses ilustrados ya establecieron que las intersecciones entre los tres poderes capitales con que nos adornamos los humanos, legislativo, judicial y ejecutivo, no habrían de tener en modo alguno intersecciones descalificantes. Por eso, cada vez que jueces y fiscales actúan de oficio o motivados por denuncias de buena o mala providencia, de entrada echo mano a la cartera de la inmanencia que anida en mi alma. En Torre Pacheco, por fortuna la actuación judicial ha tenido el buen gusto de intervenir en una situación ausente de influencias políticas. Este buen gusto es agradecer por cuanto la iniciativa de la jueza de San Javier ha tenido lugar una vez celebradas las elecciones de mayo. Haber intervenido en los cajones y despachos del ayuntamiento cartagenero en medio de la campaña electoral hubiese dado que hablar, y el fin perseguido hubiera tenido dificultades para que, una vez descubierto, nadie hubiera dudado de las buenas intenciones que han de caracterizar todas y cada una de las decisiones judiciales.

En todo caso, y en este asunto de Torre Pacheco, espero y deseo que del examen de los expedientes incautados (¿se dice así?) no se desprenda maldad administrativa alguna, ni mucho menos tráfico indeseable de influencias con consecuencias de calificaciones urbanísticas injustas y merecedoras del desprecio ciudadano. De ser así, deberíamos felicitarnos todos aquellos que hemos sido enviados al limbo de las dudas, razonables e irrazonables, por mor de escándalos, habidos e imaginados por políticos de todo signo: derecha, izquierda, delante y detrás… que esto más que política parece la yenka. Pero resulta que uno todavía es partidario de la desconcentración de las decisiones, ayer centralistas, a nivel regional, porque la cercanía de nuestras autoridades a los problemas que tenemos los ciudadanos de a pie, sin duda que mejoran las posibilidades de dar con las soluciones apetecidas. Esto tiene un peligro, no obstante. Y es que la distancia que separa una decisión amparada por una solicitud razonada por parte de alguien que está cercano a la autoridad correspondiente y por otra más turbia, más indecente, apenas rebasa el ancho de un papelillo de fumar. Tanto es así que no hay noche en donde no me desvele, angustiado, examinando mi conciencia acerca de un favor que le pedí a mi perenne amigo Pablo Reverte, alto cargo en Educación, a quien le solicité (y me otorgó el favor) que procurara una plaza en el colegio público de enfrente de mi casa para el hijo de mi asistenta, a fin de que la educación de tal niño no interfiriera en su labor como doméstica. Siempre, la vista de las circunstancias, la duda me asaltará acerca de si la actuación de Pablo fue irreverente o no, por mucho que a mí me vino de perlas.

Vamos a ver si en el asunto de Torre Pacheco, la ciudadanía tiene suerte, porque lo cierto es que por cada asunto corrupto que en las distintas administraciones tiene lugar, al menos hay 100 actitudes administrativas positivas. Los funcionarios, los ejecutivos, los políticos y la gente en general, no somos tan malos.

Juan Guillamón.

Empresa y finanzas. 2; 07; 2007.